Una red de tráfico de influencias atribuida a Juliana y Verónica Guerrero quedó bajo la lupa tras una investigación de la revista Semana que documenta presuntos cobros a empresarios por supuestas gestiones para obtener contratos con el Estado. Entre las pruebas citadas figuran chats, audios, tiquetes aéreos y transferencias, en un esquema que incluía pagos de $1.000.000 por reuniones, $200.000.000 de anticipo y el 10% del valor de los proyectos adjudicados.
Cómo operaba la presunta red de tráfico de influencias
De acuerdo con el expediente periodístico, las hermanas Guerrero habrían ejercido injerencia sobre decisiones contractuales en dependencias del Ejecutivo sin aparecer con vinculación formal como servidoras públicas. La investigación menciona contactos y gestiones asociadas a ministerios como Vivienda, Interior, Defensa, Ambiente e Igualdad, además de referencias a entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Fondo Colombia en Paz, Fiduagraria y el Hospital Militar.
El esquema, según los testimonios recogidos, partía de un primer pago para concertar el acercamiento y, luego, un anticipo para activar las supuestas “gestiones”. En conversaciones divulgadas, Juliana Guerrero aparece como la encargada de las diligencias ante el Gobierno, mientras Verónica Guerrero mantenía el canal con los empresarios y coordinaba la logística de pagos y contactos.
Pagos, transferencias y proyectos mencionados en los chats
Las evidencias citadas incluyen registros de llamadas, mensajes de WhatsApp y comprobantes de consignaciones. En una etapa inicial, los recursos habrían sido recogidos por David Trespalacios, cercano a la familia, mediante entregas en efectivo en Bogotá o transferencias a cuentas personales. También aparecen giros por montos como 5, 10 y 12,5 millones de pesos a cuentas vinculadas a Trespalacios y a las hermanas Guerrero.
Entre los documentos reseñados hay un chat fechado el 28 de diciembre de 2024 en el que Verónica Guerrero facilita un número para que un empresario realice una transferencia por Nequi. Un informe de cuentas entregado por un contratista señala que entre finales de 2024 y los primeros días de enero de 2025 se giraron al menos $53 millones como “avances” para la gestión de proyectos regionales.
Los intercambios mencionan iniciativas como un acueducto en el Cesar —con tiquetes aéreos comprados el 5 de diciembre de 2024 para un desplazamiento a Aguachica—, proyectos de mejoramiento de vivienda con una comisión planteada de 35 millones por municipio más el 10% del costo total de las obras, y trámites para cámaras de seguridad financiadas con recursos de Fonsecon. También se cita una oferta de infraestructura hídrica en La Guajira valorada en más de 27.000 millones de pesos hacia 2025.
Pese a los desembolsos, la investigación sostiene que las adiciones presupuestales y la adjudicación de contratos no se materializaron. Los denunciantes aseguran que los pagos superaron $600 millones entre 2024 y 2025, y que, tras reclamos por devolución en el segundo semestre de 2025, Juliana Guerrero habría manifestado disposición a coordinar reintegros, sin que se hubieran concretado.
La respuesta de Gustavo Petro y el foco en la Fiscalía
Tras la publicación, el presidente Gustavo Petro se pronunció en X y aseguró que las evidencias divulgadas mostrarían que los controles del Gobierno impidieron irregularidades en la contratación. En su mensaje, afirmó que, si los hechos son ciertos, los empresarios “dieron dineros como pendejos”, y pidió que los chats sean entregados a la Fiscalía para que investigue.
En el mismo caso, Semana citó a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien sostuvo que las hermanas intervenían en entidades sin ser funcionarias. Aunque en las denuncias se describen presuntas gestiones entre 2024 y 2026, el expediente también reseña que Juliana Guerrero mantiene una investigación abierta por la presunta presentación de un título falso para posesionarse en el Viceministerio de las Juventudes.
