El Centro Zonal Rafael Uribe del ICBF, en Bogotá, permanece desocupado y sin prestar servicio después de dos contratos para construirlo y adecuarlo. Una visita de la Oficina de Control Interno, realizada el 28 de mayo de 2025, concluyó que el edificio seguía incompleto y no estaba en condiciones de operar.
Centro Zonal Rafael Uribe
La visita encontró pendientes en pisos, muros, cielorrasos y baños. A esa lista se suman la reparación del ascensor y del elevacoches, la acometida eléctrica y actividades de la red contra incendios. Son trabajos que seguían sin completarse en la infraestructura destinada a funcionar como centro zonal.
El registro fotográfico del informe muestra humedades, filtraciones y acabados incompletos. La Oficina de Control Interno también identificó deficiencias en algunos acabados y en la ubicación de canaletas y tomacorrientes. En el sótano, una de las dos bombas eyectoras del nivel freático está dañada: el nivel depende de una sola unidad operativa, lo que, de acuerdo con el informe, aumenta el riesgo de inundación.
Contratos, pagos y controversias
La construcción comenzó con el contrato de obra 1131 de 2014, adjudicado al Consorcio Universal y con un presupuesto final de $3.291 millones. El proyecto contempla cinco pisos y un sótano, en un área aproximada de 1.200 metros cuadrados, con capacidad proyectada para 75 funcionarios.
Para ese primer contrato, el informe registra un avance físico histórico del 85,8 % y un avance financiero del 81,5 %, con pagos por $2.682 millones. El contrato figura como terminado sin liquidar, aunque la edificación no ha entrado en operación.
En 2024 se suscribió el contrato 11022622024 por $1.317 millones para adecuar y finalizar el edificio. Registra un avance físico reportado del 76 % y una ejecución financiera del 76,6 %, equivalente a pagos por aproximadamente $1.008 millones. Las intervenciones incluyeron impermeabilización, mejoras eléctricas, instalación de puertas y ventanas y ajustes al sistema contra incendios.
En la documentación del contrato de 2024, la Oficina de Control Interno señaló la ausencia del acta de recibo final y la falta de actualización integral de la información en SECOP II. Recomendó requerir la culminación de las actividades pendientes durante la liquidación de ese contrato y gestionar la extensión de las garantías de cumplimiento y calidad.
El contrato principal tiene, además, controversias ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá. El valor indexado de las pretensiones registrado en eKOGUI asciende a $867 millones. Los procesos administrativos sancionatorios relacionados con la obra y la interventoría fueron cerrados en 2019, bajo circunstancias diferentes para cada caso.
El informe advierte que, sin la terminación y protección de la infraestructura, puede aumentar su deterioro y generarse riesgos para los recursos públicos invertidos.
