La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia hizo un llamado público a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que aceleren los procesos judiciales que continúan abiertos contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, al considerar que la demora en las investigaciones podría favorecer escenarios de impunidad.
El pronunciamiento fue realizado por Pablo Bustos, presidente de la organización, quien manifestó su preocupación luego de que fuera ratificada la condena contra el exmandatario por delitos relacionados con corrupción en la contratación pública. Según la Red de Veedurías, aún existen otras investigaciones y procesos judiciales pendientes que requieren un mayor impulso por parte de las autoridades.
En el comunicado, la organización sostiene que resulta necesario avanzar con mayor rapidez en estos expedientes para evitar que algunos de ellos puedan prescribir con el paso del tiempo, afectando el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia.
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Además del llamado a acelerar las actuaciones judiciales, la Red de Veedurías reveló que ha recibido denuncias anónimas que, según afirma, advierten sobre una presunta influencia política que Juan Carlos Abadía continuaría ejerciendo pese a encontrarse privado de la libertad.
De acuerdo con la organización, esas denuncias señalan que el exgobernador supuestamente mantendría injerencia en decisiones relacionadas con la política territorial, la conformación de organismos de control y algunos procesos administrativos en entidades públicas del Valle del Cauca.
No obstante, la Red de Veedurías aclaró que estas afirmaciones corresponden a denuncias recibidas por la organización y que deberán ser verificadas por las autoridades competentes dentro de las investigaciones correspondientes.
Señalamientos sobre presunta influencia en EMCALI
Uno de los puntos expuestos en el pronunciamiento hace referencia a la presunta incidencia del exgobernador en decisiones relacionadas con Empresas Municipales de Cali (EMCALI).
Según la Red de Veedurías, la supuesta red de influencia habría logrado posicionar personas en cargos considerados estratégicos dentro de la estructura administrativa de la empresa.
En ese contexto, la organización menciona el nombramiento de Guadalupe Guerrero López como secretaria General y de Asuntos Legales de EMCALI, cargo que, según el comunicado, tiene una alta relevancia debido a las funciones jurídicas y administrativas que desempeña en los procesos de contratación de la entidad.
Sin embargo, el pronunciamiento no presenta pruebas públicas que sustenten esa afirmación y corresponde a una denuncia formulada por la organización, la cual deberá ser objeto de las verificaciones que determinen las autoridades competentes.
Solicitan mayor control por parte del INPEC
La Red de Veedurías también dirigió un llamado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para que fortalezca los controles sobre el régimen de visitas y comunicaciones del exgobernador.
Según la organización, es necesario garantizar que el cumplimiento de la condena se desarrolle bajo los controles establecidos por la ley y evitar que, desde un centro de reclusión, puedan producirse actuaciones que eventualmente interfieran en asuntos relacionados con la administración pública.
Para la Red de Veedurías, el sistema penitenciario debe garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales y evitar cualquier situación que pueda interpretarse como una utilización indebida de los mecanismos de comunicación permitidos a las personas privadas de la libertad.
RED DE VEEDURÍAS EXIGE CELERIDAD EN LOS JUICIOS CONTRA EL EXGOBERNADOR ABADÍA Y ALERTA QUE SIGUE “MANDANDO EN LA SOMBRA” DESDE LA CÁRCEL
La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, en cabeza de su presidente, Pablo Bustos, hace un llamado urgente a la Corte Suprema de Justicia y… pic.twitter.com/PidIFV2kda
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