La Fiscalía General de la Nación incautó seis celulares durante diligencias en Bogotá y Barranquilla. Los dispositivos hacen parte de una indagación sobre presuntas irregularidades en la financiación de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía para la consulta interna del Pacto Histórico de 2025.
Servidores de la Policía Nacional adscritos a la DIJIN practicaron registros personales a seis ciudadanos. Actuaron en cumplimiento de una orden de policía judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con autorización previa de un juez de control de garantías.
La Fiscalía busca reunir elementos materiales probatorios para examinar la contratación de empresas que habrían suministrado bienes y servicios a las campañas de los entonces precandidatos presidenciales. La consulta interna del Pacto Histórico se realizó el 26 de octubre de 2025.
Entre las operaciones examinadas figura un aporte en especie de aproximadamente $609 millones reportado por la campaña de Iván Cepeda a nombre de Samat Publicidad S.A.S. Los informes también registraron un aporte de cerca de $116 millones atribuido a Javier Antonio Pérez Páez, representante de esa empresa.
En los reportes financieros de la campaña de Carolina Corcho aparecen créditos por aproximadamente $723 millones relacionados con Custeau Chefcito Sigi M.I. J.V., una empresa vinculada al negocio de comidas preparadas. Su situación comercial generó interrogantes sobre la capacidad de respaldar esos recursos.
Las aparentes inconsistencias entre la actividad económica de las empresas y los montos reportados dieron lugar a cuestionamientos. La indagación apunta a establecer quiénes aportaron los recursos, cuál fue su origen y si los créditos, servicios publicitarios y otras operaciones cuentan con soportes financieros y contables. Esos interrogantes, por sí solos, no demuestran el uso de empresas fachada ni de recursos ilícitos.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió en septiembre de 2026 una indagación previa contra Iván Cepeda por posibles irregularidades en la financiación de la consulta. Por su parte, la Fiscalía continúa sus diligencias para esclarecer los hechos. Las actuaciones siguen en etapa de investigación y no constituyen una declaración de responsabilidad contra Cepeda, Corcho ni las demás personas relacionadas con el caso.
