La Misión de Observación Electoral (MOE) instaló, junto con la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE), la observación de las elecciones regionales de 2027. El seguimiento comenzará por la inscripción de cédulas y el registro de grupos significativos de ciudadanos, previstos para el 31 de octubre.
Las decisiones sobre candidaturas
En las regionales de 2027 se elegirán 20.323 cargos, entre ellos 32 gobernaciones y 1.103 alcaldías. La Registraduría dará a conocer el calendario electoral completo la próxima semana. Entretanto, la MOE prepara un seguimiento mensual a la inscripción de cédulas para advertir a las autoridades sobre posibles casos de trashumancia electoral, una prioridad que comparte con el CNE.
La atención a las candidaturas tiene un antecedente en las elecciones territoriales de 2023. La MOE registró entonces 91 hechos de alteración del orden público en 80 municipios. Su seguimiento vinculó la mayoría con tensiones y denuncias por presunta trashumancia electoral, así como con decisiones sobre revocatorias de inscripción de candidaturas.
Ante esas controversias, la MOE pidió al CNE resolver los casos dentro de los plazos electorales para evitar incertidumbre jurídica. El presidente del organismo, Juan Felipe Lemos, afirmó que los atenderá con urgencia. Añadió que la Sala Plena agilizará el registro de logosímbolos y de grupos significativos de ciudadanos, y mantendrá la atención sobre la financiación de las campañas.
El registrador Hernán Penagos estimó que podría haber más de 110.000 candidatos en todo el país y señaló que esa magnitud exige coordinación entre las autoridades electorales. Indicó, además, que se envió una invitación a la Unión Europea para que una misión acompañe los comicios territoriales.
Prioridades de la observación electoral
La directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, explicó que el despliegue se apoyará en 34 coordinaciones regionales. La observación buscará llegar a la mayor parte del territorio, con especial atención a los municipios que sean clasificados con riesgo alto o extremo para el libre ejercicio de la política.
La vigilancia incluirá la revocatoria de inscripciones de candidaturas, la intervención indebida en política, la financiación de campañas, la compra de votos y el constreñimiento al elector. La MOE también pondrá atención al uso de recursos públicos con fines electorales, especialmente en municipios que adelantan procesos de reconstrucción tras el terremoto.
La misión presentará alertas, mapas de riesgo y recomendaciones para abordar esos riesgos. También pidió a las autoridades planes de reconstrucción y alternativas que garanticen el voto en los municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto.
La desinformación, los discursos de odio y otras formas de violencia estarán bajo observación. Barrios reclamó garantías para quienes ejercen la oposición política. Las coordinaciones regionales de la MOE expresaron preocupación por la polarización y la agresividad observadas durante las elecciones nacionales de 2026, en particular en los debates virtuales, e hicieron un llamado a partidos y ciudadanía a evitar los discursos de odio.
