La Ley Anticapuchas fue aprobada en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 4 de noviembre de 2026. El proyecto, que aún debe continuar su trámite en el Congreso, propone penas de prisión y multas por actos vandálicos cometidos durante manifestaciones mientras se oculta la identidad.
Penas previstas en la Ley Anticapuchas
La iniciativa plantea incorporar un nuevo delito al Código Penal colombiano. Para las conductas descritas en el proyecto, establece penas de 54 a 96 meses de prisión, equivalentes a cuatro años y medio y ocho años, y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El texto se refiere al uso de capuchas, máscaras, pasamontañas y pañoletas cuando estos elementos se empleen para impedir la identificación de personas que cometan actos vandálicos en manifestaciones. La propuesta distingue esa conducta del ejercicio de la protesta social.
También contempla circunstancias de agravación vinculadas con explosivos, sustancias corrosivas y otros elementos peligrosos. Entre los bienes e instalaciones cuya afectación se incluye en esas circunstancias figuran hospitales, instituciones educativas, organismos de socorro, bienes culturales e infraestructura de servicios públicos.
Promotores y cuestionamientos al proyecto
Entre los congresistas que han impulsado la propuesta están Jaime Arizabaleta, Julio César Triana, Miguel Ángel Pinto, Daniel Briceño y Guillermo Alvira. Sus promotores sostienen que buscan fortalecer las herramientas de las autoridades frente a hechos de violencia y vandalismo durante algunas manifestaciones.
La iniciativa también enfrenta cuestionamientos de sectores políticos. Estos consideran que las conductas señaladas ya tienen sanciones en la legislación penal vigente y advierten sobre posibles riesgos para el derecho a la protesta. Tras la aprobación en primer debate, las penas propuestas todavía no forman parte del Código Penal.
