La Cámara de Representantes aprobó por segunda vez la ponencia de la ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella, con 99 votos a favor y 39 en contra. La nueva votación siguió a cuestionamientos sobre el trámite. El articulado todavía está pendiente de discusión.
Cómo se reabrió la votación
Antes de esa decisión, la plenaria había rechazado una proposición del Pacto Histórico para archivar el proyecto y aprobado el informe con 90 votos a favor y 44 en contra. La votación se realizó cuando el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, aún no había sustentado su ponencia.
Jaime Raúl Salamanca, de Alianza Verde, afirmó que varios congresistas pidieron la palabra para deliberar y no pudieron intervenir. Ante los señalamientos sobre un posible vicio de trámite, Catherine Juvinao, también de Alianza Verde, solicitó reabrir la votación para «salvar la constitucionalidad del proyecto».
La mesa directiva de la Cámara, presidida por Nicolás Barguil, sometió la reapertura a votación: obtuvo 95 votos a favor y tres en contra. Después, Briceño sustentó la ponencia, la oposición presentó sus réplicas y la plenaria volvió a aprobar el informe. El ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que el trámite no presenta vicios y que durante el debate se habían dado garantías a la oposición.
Qué propone la ley de sometimiento
Presentado con mensaje de urgencia, el proyecto busca modificar y prorrogar la Ley de Orden Público, cuya vigencia vence el 4 de noviembre. Propone un régimen de sometimiento individual o colectivo para integrantes de grupos armados ilegales, con entrega de armas, información y bienes, además del cese de actividades ilícitas.
El texto contempla rebajas de pena de hasta el 50 % para integrantes de base y de hasta el 30 % para quienes ocuparon posiciones de mando. En ambos casos, los beneficios están condicionados a aportar verdad y reparar a las víctimas. Con esta reforma, el Ejecutivo busca establecer su estrategia de sometimiento criminal y dejar atrás la política de «paz total» de la administración anterior.
El aval de la ponencia permite continuar el trámite en la Cámara, pero no equivale a la aprobación del articulado. El Senado ya aprobó su informe de ponencia y los primeros artículos. Las plenarias de ambas corporaciones fueron convocadas este martes 3 de noviembre para continuar la discusión. Si aprueban versiones distintas, tendrán que conciliarlas antes de que el proyecto pueda pasar a sanción presidencial.
