La Cámara de Representantes aprobó con 95 votos a favor y 10 en contra la ley de sometimiento impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Al acoger sin cambios el texto del Senado, el Congreso cerró el trámite de un nuevo marco para que las estructuras criminales se sometan a la justicia. El proyecto pasa ahora a sanción presidencial.
Condiciones de la ley de sometimiento
El proyecto sustituye el enfoque de la «paz total» del Gobierno de Gustavo Petro. Establece el sometimiento de los grupos ilegales sin negociación política ni reconocimiento de ese carácter. La aprobación en la Cámara evitó una conciliación entre las dos corporaciones, en una jornada marcada por el vencimiento del plazo para completar el trámite.
El texto contempla rebajas de pena de hasta el 50 % para integrantes sin mando y de hasta el 30 % para quienes hayan ejercido mando. El ministro de Justicia, Iván Cancino, destacó que el sometimiento no suspende las órdenes de captura ni los procesos de extradición. También afirmó que quienes se acojan deberán entregar todos sus bienes, sin recibir parte de ellos de vuelta.
En el caso del reclutamiento de menores, las condiciones son más restrictivas. Quienes hayan tenido un papel determinante en ese delito deberán cumplir al menos diez años privados de la libertad. Las rebajas máximas previstas son del 10 % para personas que hayan ejercido mando y del 30 % para quienes no lo hayan hecho.
Las personas con condena en firme por reclutamiento ilícito o utilización de menores no podrán acceder a beneficios. Además, los menores de 18 años no podrán figurar en las listas de sometimiento: deberán ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como víctimas.
Cambios antes de la sanción
El senador Hernán Cadavid, coordinador ponente del proyecto, explicó que también se endureció una condición relacionada con el lavado de activos. Según detalló, el tiempo de pena que permitiría acceder a un beneficio pasó de un año a seis años. Cadavid subrayó que el mecanismo aprobado no constituye un acuerdo de paz.
Durante el trámite se retiró una disposición vinculada a recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, adscrito al Ministerio del Interior. Cadavid señaló, además, que se quitaron cargas a departamentos y municipios cuando un grupo decida someterse. La coordinación de ese proceso quedará en manos del Ministerio de Justicia.
La iniciativa otorga al presidente facultades para dirigir la implementación de sus instrumentos. Abelardo de la Espriella celebró la votación y reconoció la labor de Cancino para sacar adelante el proyecto. La aprobación representa un resultado legislativo para el Gobierno después del hundimiento del Presupuesto General y de las críticas a su iniciativa de ajuste fiscal.
Desde la oposición, el congresista Gabriel Becerra anunció que demandará la norma ante la justicia. Cuestionó el trámite de aprobación y sostuvo que el proyecto cierra posibilidades de diálogo con los grupos armados. La congresista Mafe Carrascal criticó la facultad presidencial para definir qué organizaciones son consideradas terroristas.
Con el texto aprobado sin modificaciones respecto del Senado, la sanción presidencial es el paso pendiente para que el proyecto se convierta en ley. La votación en la Cámara completó su recorrido por el Congreso, pero no equivale todavía a su entrada en vigor.
