La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto anticapuchos con 20 votos a favor y 2 en contra. La iniciativa plantea penas para quienes oculten su identidad al cometer actos vandálicos durante manifestaciones públicas y ahora pasará a la plenaria de la Cámara.
El articulado, de cuatro artículos, propone incorporar a la Ley 599 de 2000 el delito de «Acto vandálico mediante el ocultamiento de identidad». Para esa conducta establece una pena de 54 a 96 meses de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La propuesta define la ocultación de identidad como el uso deliberado de prendas, máscaras, pasamontañas u otros elementos similares para impedir o dificultar la identificación de una persona mientras comete actos vandálicos. El representante Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático y ponente de la iniciativa, sostuvo durante el debate que la medida no persigue a quienes se manifiestan sin causar daños.
El texto vincula el nuevo delito con hechos cometidos en el marco de una manifestación, reunión, movilización o concentración pública, o aprovechando su desarrollo. También exige una conducta dolosa dirigida, entre otros actos, a destruir o deteriorar gravemente bienes, ocupar violentamente inmuebles o ejercer violencia física contra personas. El ocultamiento del rostro tendría que servir para facilitar la conducta o dificultar la identificación.
Además de crear ese delito, el proyecto pretende modificar el artículo 353A de la Ley 599 de 2000, relativo a la obstrucción de vías públicas que afecte el orden público. El articulado contempla sanciones para quien incite, dirija, constriña o facilite medios ilícitos para bloquear vías o infraestructura de transporte bajo las condiciones previstas en la propuesta.
La votación y el siguiente debate
Antes de aprobar el articulado, la comisión rechazó una proposición de archivo presentada por el representante Daniel Monroy, del Pacto Histórico. La solicitud recibió 15 votos a favor y 21 en contra. Después avanzó la ponencia positiva presentada por Arizabaleta.
La discusión enfrentó distintas lecturas sobre el alcance de las sanciones. La representante Laura Beltrán, también del Pacto Histórico, afirmó que la iniciativa busca «criminalizar la protesta social». Arizabaleta defendió que el castigo propuesto apunta a quienes ocultan su identidad para cometer daños, no al uso de una capucha por sí solo.
El proyecto también contempla agravantes por el empleo de explosivos, sustancias corrosivas o artefactos capaces de causar daños graves. Prevé una respuesta penal más severa si los hechos afectan, entre otros lugares, centros educativos, instituciones de salud, organismos de socorro o infraestructura de servicios públicos esenciales. Esas disposiciones forman parte de una iniciativa que todavía debe continuar su trámite legislativo.
Tras la aprobación en la Comisión Primera, Jaime Arizabaleta fue designado ponente para el segundo debate. La discusión continuará ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
