El Ministerio de Hacienda proyecta ahorrar $44,6 billones en 2027 mediante la Ley de Rescate Económico, que plantea recortes en contratos estatales y gastos de nómina. El presidente Abelardo de la Espriella pidió al Congreso acelerar la discusión del proyecto, cuyo alcance tributario también enfrenta objeciones de la oposición.
La medida más inmediata reduciría 50% el gasto en contratos de prestación de servicios durante 2027, frente a 2026. Desde 2028, el crecimiento de ese rubro quedaría limitado a la inflación. Antes de celebrar nuevos contratos, las entidades tendrían que verificar que las actividades no puedan ser desarrolladas por funcionarios de planta.
El proyecto también propone recortar 20% el gasto agregado de nómina en 2028 de las entidades financiadas por el Presupuesto General de la Nación. La Fuerza Pública quedaría exceptuada. Hacienda calcula que ese ajuste permitiría ahorrar $9,6 billones ese año, sin reducir nominalmente los salarios individuales de los servidores públicos, que deberán aumentar al menos en línea con la inflación.
Para 2029 y 2030, el aumento de los gastos de personal no podría superar la inflación más 0,5 puntos porcentuales. En el conjunto de sus medidas de austeridad y reducción del gasto, el Ministerio proyecta ahorros de $76,1 billones en 2030. Se trata de estimaciones asociadas al proyecto, no de recortes ya ejecutados.
La iniciativa plantea además una reducción general del 15% en el gasto público total. El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 ya incorpora $17,4 billones en austeridad, con ajustes en compras públicas, transferencias y proyectos de inversión no prioritarios. Las entidades también rendirían cuentas semestrales ante el Congreso.
Como respaldo de su propuesta, Hacienda presentó cifras sobre la expansión de la administración estatal. De acuerdo con el Ministerio, los cargos de la Rama Ejecutiva aumentaron 25,9% entre 2023 y 2027: pasaron de 85.755 a 107.927 plazas, una diferencia de 22.172 cargos.
La cartera señaló también que las obligaciones por contratos de prestación de servicios crecieron 33,9% durante la administración anterior, de $5,3 billones a $7,1 billones. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió que el ajuste comience por el Estado. El Gobierno sostiene que las medidas responden al deterioro de las finanzas públicas.
El proyecto incluye cambios tributarios: propone eliminar tratamientos especiales del impuesto de renta sobre gastos de representación de magistrados, jueces, fiscales y determinados rectores y profesores de universidades públicas. Esas disposiciones forman parte de las diferencias que rodean la discusión legislativa, aunque la iniciativa tiene como eje la reducción del gasto.
El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, dijo que respaldará la reducción del gasto público y la eliminación o fusión de entidades, pero rechazó buena parte de las disposiciones tributarias. «Los colombianos no aguantan más impuestos y no puedo acompañar la casi totalidad de las disposiciones tributarias», afirmó.
La iniciativa sigue en trámite en el Congreso. Para dar prioridad a su discusión, Abelardo de la Espriella envió un mensaje de urgencia e insistencia al Legislativo. Los ahorros proyectados dependen de las medidas que finalmente sean aprobadas.
