Juliana Guerrero aceptó cargos por fraude procesal en un preacuerdo con la Fiscalía, tras reconocer el uso de documentos para aspirar al Viceministerio de Juventudes. El acuerdo contempla una condena de tres años, pero su definición será sometida a decisión judicial.
Títulos anulados por Fundación San José
Los documentos involucrados correspondían a los programas de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública. Guerrero, de 24 años, aceptó responsabilidad por dos títulos obtenidos de forma fraudulenta en julio de 2025 en la Fundación Universitaria San José.
Para acceder a los diplomas se registraron pagos cercanos a $8 millones por matrículas, derechos de grado y otros trámites administrativos. La junta directiva de la Fundación San José anuló los títulos al establecer que Guerrero no estuvo matriculada en la institución.
La Fiscalía señaló que los documentos fueron utilizados para cumplir requisitos exigidos para el cargo al que buscaba llegar en el Ministerio de Igualdad. En la expedición de los diplomas intervino Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución.
Gutiérrez Martínez ya aceptó su participación mediante otro acuerdo con la Fiscalía y fue condenado a tres años. Esa sanción tampoco implicaría prisión.
Términos del preacuerdo de Juliana Guerrero
Durante una audiencia virtual de formalización, Guerrero afirmó que aceptaba los cargos de manera libre, consciente y voluntaria. La conducta se materializó al actualizar su hoja de vida en el Sigep y entregar la documentación con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.
La Fiscalía presentó la negociación después de conversaciones con la defensa de la procesada. Dentro del acuerdo, degradó la participación de Guerrero en los hechos de autora a cómplice.
Además de la pena de prisión, el documento contempla una inhabilidad de dos años y medio para ocupar cargos públicos y una multa de 100 salarios mínimos legales vigentes. Guerrero manifestó su intención de ofrecer excusas públicas a la Fundación San José por los daños a su buen nombre.
El preacuerdo será sometido a decisión judicial. También contempla la posibilidad de una suspensión anticipada de la pena, que permitiría cumplir la sanción en libertad bajo determinadas condiciones.
