El Centro Democrático preparó una propuesta para modificar la reforma tributaria del gobierno de Abelardo De La Espriella. El documento plantea eliminar varios impuestos, reducir otros y financiar parte del presupuesto con bonos de inversión obligatoria. La bancada prevé presentar sus cambios al Ejecutivo antes de que avance el debate en el Congreso.
Cambios a la reforma tributaria
La propuesta toma como base el proyecto del Gobierno, pero cambia de fondo su componente tributario. Desde el 1.º de enero de 2027 derogaría los impuestos a las bebidas y los comestibles ultraprocesados, el impuesto al patrimonio y el impuesto de timbre.
Para el gravamen a los movimientos financieros, el partido plantea una reducción escalonada: 3×1000 en 2027, 2×1000 en 2028 y 1×1000 en 2029, hasta eliminarlo en 2030. También propone que, desde el año gravable 2027, lo pagado por ese gravamen y por Industria y Comercio pueda tratarse como retención en la fuente aplicable al impuesto de renta, bajo las condiciones del articulado.
La tarifa general de renta para las empresas bajaría al 30 % desde 2027. Las rentas originadas en el incremento real de exportaciones de bienes y servicios con valor agregado, frente a los niveles de 2026, tendrían una tarifa del 15 % entre 2027 y 2057.
El texto propone reducir al 10 % la retención en la fuente sobre dividendos y modificar el impuesto a los dividendos recibidos por personas naturales residentes. También bajaría al 10 % el impuesto a las ganancias ocasionales. Para las empresas, eliminaría exenciones, salvo las previstas en tratados internacionales, las relacionadas con fondos de pensiones y cesantías y las de compañías holding colombianas.
La iniciativa fija además un límite de 14 por mil para la tarifa resultante de Industria y Comercio, Avisos y Tableros y otras sobretasas sobre ingresos municipales y distritales.
Bonos y metas de recaudo
Como mecanismo de financiación presupuestal, el documento autorizaría al Gobierno a emitir hasta $80 billones anuales en Bonos de Financiamiento Presupuestal entre 2027 y 2031. La inversión sería obligatoria para las sociedades nacionales y otras personas jurídicas declarantes de renta cuya renta líquida del año anterior supere los $500 millones.
Cada año, la inversión equivaldría al 20 % de la renta líquida gravable que exceda ese umbral. Los títulos tendrían un plazo de 20 años y podrían utilizarse para pagar impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones administrados por la DIAN.
En la lucha contra la evasión y el contrabando, la propuesta establece metas mínimas de recaudo efectivo de $7,5 billones en 2027 y $30 billones en 2030, con objetivos intermedios de $15 billones en 2028 y $22,5 billones en 2029. Para ello plantea al menos 200.000 visitas de campo y auditorías electrónicas en 2027, hasta llegar a un millón anual desde 2030. Al menos el 20 % de esas actuaciones se dirigiría al contrabando.
El Ministerio de Hacienda presentaría cada año, antes del 15 de abril, las metas de recaudo y un balance del plan anterior ante las comisiones económicas del Congreso. Tras la reunión de bancada en Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe dijo que una comisión se reunirá con el Gobierno para entregarle los cambios. Si no se acogen, el partido prevé presentar una ponencia alternativa para los debates legislativos.
