Gabriela Muñoz cuestionó la discusión pública sobre el video difundido por Deicy Jiménez en el que aparece con el expresidente Gustavo Petro. Sostuvo que las imágenes no prueban por sí solas un delito y pidió que las denuncias y el material sean examinados por las autoridades con garantías de debido proceso.
El video de Petro y las denuncias
Jiménez publicó el 4 de noviembre una grabación de 54 segundos en la que aparece junto a Petro. Presentó el video como respaldo de su versión sobre una presunta relación con el entonces mandatario, después de denunciar supuestos intercambios de contratos estatales por favores sexuales durante su gobierno.
En una entrevista, Jiménez afirmó que habría existido una red de mujeres beneficiadas con contratos estatales a cambio de favores sexuales. También aseguró que mantuvo una relación íntima con Petro y que obtuvo vinculaciones laborales en entidades públicas durante su administración. Petro ha rechazado los señalamientos y ha negado que utilizara contratos estatales para obtener beneficios personales.
Muñoz defendió el derecho de cualquier persona a denunciar, pero rechazó que el caso se convierta en un «espectáculo mediático». En su mensaje publicado en X, preguntó si videos de dos adultos «demostrándose cariño» pueden constituir, por sí solos, prueba de un delito. Su planteamiento se centró en la diferencia entre la existencia de las imágenes y la valoración de las acusaciones.
La valoración de las pruebas
La mujer señaló que, si existe una denuncia ante la Fiscalía, las pruebas deben ser valoradas por las autoridades competentes y con todas las garantías del debido proceso. «La justicia se administra en los tribunales, NO en las redes sociales», escribió. También advirtió que la exposición mediática no invalida automáticamente una prueba, aunque, a su juicio, puede afectar derechos y comprometer una investigación.
Muñoz pidió, además, dedicar atención a las leyes discutidas en el Congreso y a las propuestas de impuestos. Cuestionó que esos asuntos reciban menos debate público que la grabación y sostuvo que sus posibles efectos sobre trabajadores, familias de bajos ingresos y sectores de clase media merecen discusión.
En relación con las denuncias, la Fiscalía adelanta diligencias y la Procuraduría abrió una indagación previa sobre posibles irregularidades en entidades estatales. La Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial sobre los contratos de Jiménez en el Congreso. Esas actuaciones buscan reunir y examinar información sobre los señalamientos, mientras las autoridades determinan si existieron irregularidades.
