El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la prohibición del período de prueba en los contratos de aprendizaje. Empresas y aprendices, incluidos los del Sena, pueden pactar esa etapa por escrito. Si el acuerdo es válido, cualquiera de las partes puede terminar el contrato sin previo aviso durante el período convenido.
El decreto frente a la reforma
La medida cautelar rige desde el 5 de octubre de 2026 y recae sobre un artículo incorporado al Decreto 1072 de 2015 por el Decreto 223 de 2026. La disposición excluía por completo el período de prueba de los contratos de aprendizaje. Su suspensión permite pactarlo mientras se resuelve la demanda de nulidad.
Yenny Lorena Fonseca Amado y Santiago González Maldonado solicitaron la anulación parcial de la norma y la suspensión de sus efectos durante el proceso. La controversia gira en torno a la reforma laboral de 2025, que calificó el contrato de aprendizaje como un contrato laboral especial a término fijo, sometido a las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo sin perder su finalidad formativa.
Para la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Gobierno no podía excluir por decreto una estipulación que la ley permite pactar. La magistrada Elizabeth Becerra Cornejo ordenó la suspensión provisional de la prohibición al considerar que restringía el régimen laboral al que el legislador sometió estos contratos.
Período de prueba para aprendices
El período de prueba debe quedar expresamente pactado por escrito en el contrato de aprendizaje: no es obligatorio ni comienza de manera automática con el vínculo. Sin esa cláusula, la empresa no puede darlo por establecido ni aplicar sus efectos. La suspensión tampoco restablece la antigua regla que presumía como prueba los primeros tres meses del contrato.
Cuando la etapa ha sido pactada válidamente, el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo permite terminar el contrato sin previo aviso durante ese período. La facultad corresponde tanto a la empresa como al aprendiz. Ese modo de terminación no elimina las prestaciones ni los demás derechos laborales que le corresponden durante el tiempo acordado.
La duración está sujeta a los límites generales del Código: no puede superar dos meses. En un contrato a término fijo inferior a un año, tampoco puede exceder la quinta parte del plazo inicialmente convenido. El tribunal citó como ejemplo un pacto escrito por un mes, no como una duración aplicable a todos los contratos.
Las protecciones de los aprendices permanecen vigentes. En la etapa lectiva cuentan con cobertura en salud y riesgos laborales. Durante la fase práctica, o a lo largo de toda la formación dual, les corresponden afiliación al sistema de seguridad social integral, prestaciones, auxilios y demás derechos laborales.
La prohibición suspendida deja de producir efectos mientras avanza el proceso. El Consejo de Estado deberá decidir sobre la legalidad del decreto en la sentencia de fondo; entretanto, cualquier período de prueba deberá respetar el acuerdo escrito y los límites del Código.
