La Fiscalía imputó a siete personas por su presunta participación en exportaciones ficticias que habrían justificado el ingreso a Colombia de más de $425.000 millones de posible origen ilícito. Entre los procesados hay cuatro funcionarios de la DIAN en Ipiales. Las capturas se realizaron en esa ciudad y en Cúcuta.
Las operaciones investigadas se realizaron entre 2020 y 2023. Aceite de palma, soya y derivados figuraban como exportados a Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, en Nariño. La hipótesis de la Fiscalía es que los cargamentos no cruzaron la frontera, pese a la existencia de documentos que respaldaban su supuesta salida.
Esos documentos habrían permitido presentar recursos llegados de Estados Unidos, España, Panamá y Perú como pagos por mercancías. Los más de $425.000 millones corresponden al dinero cuyo ingreso al país habría sido respaldado por las operaciones cuestionadas. La Fiscalía busca establecer su procedencia.
En el esquema habrían intervenido cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las comercializadoras figuraban como responsables de los cargamentos, mientras que la agencia tramitaba las declaraciones y demás documentos de exportación. La Fiscalía sostiene que funcionarios de la DIAN en Ipiales habrían certificado la salida de mercancías que no pasaron a Ecuador.
Los cuatro funcionarios detenidos son Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay. También fueron capturados Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales vinculadas con las operaciones investigadas.
La Fiscalía imputó a los siete, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual de cada uno, lavado de activos y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas. A los cuatro funcionarios de la DIAN les atribuyó además falsedad ideológica en documento público por su presunta intervención en las certificaciones.
Un juez de control de garantías declaró legales los procedimientos de captura. Esa decisión no define la responsabilidad penal de los procesados, que deberá resolverse durante el proceso judicial. La investigación busca establecer el papel que habría desempeñado cada uno en las operaciones.
La Fiscalía remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles actuaciones sobre bienes y activos relacionados con estas operaciones.
