Dos decisiones judiciales frenaron las negociaciones de la Fiscalía con tres procesados en el caso Ungrd. Un juzgado de Bogotá improbó el preacuerdo de Edgar Echeverri Toro y Sonia Rocío Romero Hernández por incumplir una exigencia de reintegro de recursos. En otra decisión, una jueza rechazó el principio de oportunidad de Edgar Riveros Rey por sus compromisos de colaboración y reparación.
Preacuerdo en el caso Ungrd
El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá improbó el 4 de noviembre de 2026 el preacuerdo con Echeverri Toro y Romero Hernández, vinculados a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral Yapurutú. La negociación se relacionaba con la orden de proveeduría para adquirir 40 carrotanques destinados a La Guajira.
Los elementos examinados por el juzgado mostraron que se elaboraron documentos y actas de entrega a la Ungrd cuando los vehículos aún estaban en proceso de ensamblaje. Esos soportes permitieron tramitar pagos ante la Fiduprevisora. La decisión identificó desembolsos a Yapurutú por $14.500 millones y $10.875 millones, para un total de $25.375 millones.
La jueza consideró que las conductas relacionadas con la falsedad documental también habrían servido para obtener un beneficio económico. Por ello aplicó el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal: para celebrar un preacuerdo cuando existe un incremento patrimonial producto de un delito, se debe reintegrar al menos el 50% de ese valor y garantizar el pago del resto. El despacho concluyó que la negociación no cumplía esa condición.
En el preacuerdo presentado por la Fiscalía y las defensas, ambos procesados aceptaban cargos por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. La pena pactada era de siete años y cuatro meses de prisión. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se había opuesto a los beneficios y señaló un incremento patrimonial injustificado de $4.330 millones.
Colaboración y reparación de Riveros
La otra decisión afecta a Edgar Riveros Rey, abogado vinculado a una investigación por un presunto intento de soborno para modificar declaraciones de antiguos directivos de la Ungrd. La Fiscalía sostiene que el 26 de julio de 2025 contactó al exsubdirector Sneyder Pinilla y le ofreció $3.000 millones o el 5% de un contrato a cambio de retractarse. También habría planteado entregar $10.000 millones al exdirector Olmedo López para que cambiara su versión.
Al examinar el principio de oportunidad de Edgar Riveros Rey, la jueza estimó que su principal aporte útil era la disposición a declarar contra César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. También cuestionó la utilidad de la información ofrecida sobre personas que ya contaban con beneficios judiciales.
El despacho objetó, además, la falta de precisión de las medidas propuestas para reparar a las víctimas. La Fiscalía había incluido el mantenimiento de jagüeyes para garantizar el acceso al agua y la presentación de disculpas públicas, pero no explicó suficientemente cómo se realizarían ni cómo se garantizaría su cumplimiento. Con ambas negociaciones rechazadas, los procesos continúan por la vía ordinaria, salvo que la Fiscalía presente nuevas propuestas que cumplan los requisitos legales.
