La Procuraduría General de la Nación absolvió al ex presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Andrés Alberto Ávila Ávila, en un proceso disciplinario por la presunta desfinanciación de gastos de funcionamiento durante 2022. La decisión descarta responsabilidad disciplinaria del exfuncionario en movimientos asociados a la nómina por más de $3.000 millones de pesos.
El análisis sobre el presupuesto de 2022
Ávila enfrentaba un proceso disciplinario desde 2024 por presuntas irregularidades en el manejo presupuestal de la entidad administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el crimen organizado (Frisco). La investigación examinaba una posible desfinanciación de los gastos de funcionamiento de la SAE.
El expediente señalaba que, durante la vigencia 2022, se habrían autorizado pagos de conceptos no presupuestados vinculados con la nómina por más de $3.000 millones de pesos. Esos movimientos eran considerados inicialmente como la causa de un eventual desfinanciamiento del presupuesto de la entidad.
Competencias de otros organismos
El fallo de primera instancia concluyó que la conducta atribuida a Ávila era atípica. El análisis probatorio estableció que las decisiones sobre creación de cargos, aumento de la planta de personal y modificaciones presupuestales no correspondían a una competencia individual del entonces presidente de la SAE.
Esas determinaciones eran atribuciones exclusivas de la junta directiva de la SAE y del Consejo Nacional de Estupefacientes. Además, la Procuraduría determinó que existía apropiación presupuestal y que la modificación del presupuesto de 2022 fue tramitada por la administración posterior.
Con esos elementos, el organismo disciplinario descartó una afectación atribuible a Ávila. La decisión indicó que no se configuraron los requisitos de tipicidad ni de ilicitud sustancial previstos en la Ley 1952 de 2019 para estructurar responsabilidad disciplinaria, por lo que resolvió absolverlo.
