La Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre definitivo y la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, al declararlo administrativamente responsable por omisiones en el deber de cuidado y la protección de Valeria Afanador. La medida regirá al terminar el calendario académico de 2026.
Fallas en la reacción institucional
La decisión administrativa examinó los protocolos de seguridad y reacción del plantel ante la desaparición de la estudiante, quien tenía síndrome de Down y fue hallada en un río contiguo a la institución. El proceso concluyó que el colegio no acreditó una ruta institucional concreta para responder a la desaparición o pérdida de ubicación de un alumno.
El documento estableció una insuficiente estructuración institucional de mecanismos operativos de reacción inmediata. También señaló que la situación generó actuaciones improvisadas y desarticuladas entre integrantes de la comunidad educativa, pese a que docentes y funcionarios habían mencionado procedimientos generales para evacuaciones y emergencias.
La Gobernación consideró que el establecimiento no había incorporado un procedimiento específico y suficientemente definido para estos casos, un riesgo que valoró como previsible dentro de la actividad educativa y de custodia. La cercanía del río Frío había sido identificada por el colegio principalmente frente a posibles inundaciones en zonas recreativas.
Durante la búsqueda, los docentes se dirigieron a un punto de encuentro y realizaron el llamado a lista de sus grupos. Algunos docentes y directivos iniciaron voluntariamente la búsqueda, sin que estuviera claro quién lideraría el proceso. La decisión añadió que no se organizaron previamente las zonas de búsqueda ni se revisaron de inmediato los registros de video para definir las áreas prioritarias.
Cierre del Gimnasio Los Laureles
La resolución descartó que la existencia de un cronograma de vigilancia, seguridad privada y zonas asignadas de supervisión fuera suficiente para acreditar el cumplimiento del deber de cuidado. Para la autoridad departamental, debía verificarse que esas medidas funcionaran de manera efectiva para proteger y custodiar a los estudiantes.
El material probatorio permitió establecer que Valeria salió de su aula antes del descanso sin control, permaneció sola en zonas recreativas y su ausencia no fue detectada ni reportada oportunamente. En el proceso fueron imputados una docente y el responsable del área de vigilancia y seguridad por estos hechos.
La orden de cierre se aplicará una vez concluya el año lectivo 2026. Antes de esa fecha, la rectora Sonia Ochoa Daza deberá presentar un Plan de Reubicación de Estudiantes ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, con plazo hasta el 31 de octubre de 2026.
Además de la sanción administrativa, la Gobernación ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe los hechos dentro de sus competencias. Con esa remisión y el plan de reubicación pendiente, el establecimiento continuará funcionando hasta finalizar el calendario académico de 2026.
