La diligencia judicial que tenía al país político en vilo sufrió un cambio de última hora. La Fiscalía General de la Nación aceptó la solicitud de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y aplazó la indagatoria en la que el exmandatario debía responder por sus presuntos vínculos con las estructuras paramilitares responsables de las masacres de El Aro y La Granja, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
El llamado a las urnas judiciales, inicialmente programado para el próximo 24 de julio, fue reprogramado y se llevará a cabo durante los días 18, 19 y 20 de agosto. La decisión del ente acusador se da tras un fuerte rifirrafe público detonado por el propio líder natural del Centro Democrático, quien calificó la citación como un «atropello» y una «revancha política».
El fuerte reclamo de Uribe y el limbo de las pruebas
Apenas se conoció la primera fecha de la citación, Álvaro Uribe utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el manejo de su caso. A través de su cuenta de X, el expresidente argumentó que la Fiscalía lo estaba citando al banquillo sin haber practicado primero las pruebas que la misma institución había decretado en el expediente.
«El mismo camino del magistrado César Reyes; me indagatorió y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas», reclamó Uribe, trazando un paralelo con su pasada detención domiciliaria.
El exjefe de Estado fue más allá y acusó al ente investigador de actuar bajo presiones externas: «Esta Fiscalía ha complacido al gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine».
Este expediente, cabe recordar, fue abierto y archivado originalmente en el año 2000. Sin embargo, volvió a manos de la Fiscalía General en septiembre de 2020, luego de que Uribe renunciara a su curul en el Senado y la Corte Suprema de Justicia perdiera la competencia constitucional para seguir procesándolo.
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Los tres expedientes de sangre que salpican al expresidente
La indagatoria que ahora se surtirá en agosto unifica tres de los episodios más oscuros del conflicto armado en el departamento de Antioquia durante la segunda mitad de la década de los noventa, época en la que Álvaro Uribe se desempeñaba como gobernador de esa sección del país.
1. Las masacres de Ituango: La Granja y El Aro
El primer bache judicial corresponde a la incursión en el corregimiento de La Granja, perpetrada el 11 de junio de 1996. En esa fecha, un comando de más de 20 paramilitares bajo las órdenes de alias ‘Doble Cero’ y los hermanos Castaño asesinó a cuatro campesinos.
El segundo y más sangriento escenario ocurrió entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro. Según las confesiones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, cerca de 200 hombres armados sembraron el terror durante dos semanas, asesinando a 15 personas e incendiando 40 viviendas bajo la falsa acusación de que el caserío auxiliaba a la guerrilla.
2. El ala de San Roque y la Hacienda Guacharacas
La Fiscalía también busca esclarecer la presunta conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque. Investigaciones previas de la Corte Suprema de Justicia señalaron que este bloque ilegal habría utilizado como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, una propiedad rural que para la época pertenecía a la familia Uribe Vélez.
La sombra del caso Jesús María Valle
Quizás el eslabón más sensible del proceso es el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, emblemático presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, acribillado por sicarios en su oficina de Medellín el 27 de febrero de 1998. Valle había denunciado públicamente, meses antes de su muerte, que las masacres en Ituango contaban con la complicidad y el apoyo activo de militares adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército, salpicando directamente la gestión de la Gobernación.
El cerco judicial sobre el entorno familiar de los Uribe se ha venido cerrando de forma paralela. Recientemente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 28 años de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, por el homicidio agravado y concierto para delinquir vinculados a la estructura paramilitar conocida como ‘Los 12 Apóstoles’. Dicha ratificación, sumada a la compulsa de copias emitida contra ambos hermanos por el caso de Jesús María Valle, mantiene la atención del país volcada sobre lo que ocurrirá a mediados de agosto en los despachos de la Fiscalía.
