El gabinete del presidente electo, Abelardo de la Espriella, empieza a marcar una hoja de ruta de profunda transformación institucional. En su primer pronunciamiento oficial tras ser designado, el reconocido abogado penalista Iván Cancino rompió el silencio este 8 de julio para anticipar las claves de la ambiciosa reforma a la justicia que liderará desde su cartera.
En un diálogo abierto con Caracol Radio, Cancino no solo descartó de tajo la propuesta de fusionar el Ministerio de Justicia con el del Interior asegurando que el sector judicial requiere «dedicación exclusiva e institucionalidad propia», sino que puso sobre la mesa tres propuestas estructurales que prometen sacudir el sistema penal y penitenciario del país.
1. El modelo de megacárceles y choque contra la extorsión carcelaria
Con un hacinamiento crítico que ya supera el 21% de la capacidad nacional, el ministro designado fue enfático en que la infraestructura carcelaria será una prioridad de choque. Para resolver esta crisis humanitaria y de seguridad, anunció la puesta en marcha de un programa de megacárceles diseñado bajo criterios de dignidad y estricto control.
«El programa no es para meter a todo el mundo a la cárcel, sino para tratar de aliviar esas difíciles circunstancias de salud y alimentación», aclaró Cancino.
Sin embargo, la mano dura se sentirá en el régimen de reclusión. El futuro ministro confirmó que están evaluando la adecuación inmediata de tres centros de detención de alta seguridad destinados exclusivamente a los delincuentes «más peligrosos» que siguen coordinando extorsiones y homicidios tras las rejas. Para custodiar estos penales, el nuevo gobierno destinará un refuerzo de más de 2.000 policías, garantizando el debido proceso y el acceso a la defensa, pero cortando de raíz las operaciones criminales.
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2. Un «componente crítico» frente a la JEP y balance de procesados
Uno de los temas que más expectativa generaba en la opinión pública era la postura del gobierno de De la Espriella frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Cancino matizó el discurso de una eventual eliminación, recordando que el tribunal de paz está atado a estrictos tiempos constitucionales.
«Desde el Gobierno no es que nosotros queramos acabar la JEP, es que ellos tienen términos constitucionales. Sus facultades de investigación acaban pronto y han tenido el tiempo suficiente para dar resultados», precisó.
No obstante, el penalista dejó en claro que llegará al cargo con un fuerte pliego de exigencias y cuestionamientos hacia la proporcionalidad de las investigaciones de la magistratura:
Asimetría en los máximos responsables: Cancino cuestionó que de los 63 máximos responsables imputados por el tribunal, más del 80% correspondan a miembros de la Fuerza Militar y menos del 20% a excombatientes de las Farc.
Exigencia de equilibrio: El jefe de la cartera de Justicia anunció que sostendrá reuniones con los magistrados con los «brazos abiertos», pero exigiendo una aplicación de la ley idéntica e implacable para los exguerrilleros.
3. Adiós a la audiencia de imputación para agilizar procesos
En materia estrictamente procesal, Cancino propuso una reforma radical al sistema penal acusatorio para combatir el vencimiento de términos y la congestión judicial: eliminar la audiencia de imputación de cargos para transitar de manera directa hacia la etapa de acusación.
A juicio del designado ministro, si el juez de control de garantías carece de facultades reales para realizar un control material, de fondo y profundo sobre la imputación que realiza la Fiscalía, la diligencia se convierte en un trámite puramente formal. «Es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo a la administración de justicia», concluyó el penalista, abriendo desde ya el debate académico y legislativo en Colombia.
