La suspensión de la auditoría a la FLA quedó en firme por decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí, que adoptó una medida cautelar dentro de una tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud. La orden congela, de manera provisional, la inspección mientras se resuelve el trámite constitucional.
La suspensión de la auditoría a la FLA y el argumento del “riesgo”
El juzgado ordenó detener temporalmente la diligencia que adelantaba la Superintendencia Nacional de Salud en la Fábrica de Licores de Antioquia. El despacho explicó que se trata de una decisión preventiva, orientada a evitar un “riesgo cierto e inminente” sobre garantías fundamentales antes de un fallo de fondo.
En la tutela, la licorera departamental sostiene que la Supersalud sobrepasó sus facultades legales en actuaciones de inspección, vigilancia y control. Con la cautelar, el proceso de auditoría queda en pausa hasta que haya decisión sobre el amparo.
La Gobernación de Antioquia respaldó la determinación. La secretaria general, Martha Patricia Correa, afirmó que la suspensión protege el debido proceso frente a la acción presentada por la FLA y sostuvo que las diligencias de la entidad nacional excedieron sus competencias.
La disputa por los requerimientos: reservas y soportes que la empresa dice no tener
El choque entre las partes se concentra en el tipo de información que los funcionarios de la Superintendencia solicitaron durante la auditoría. La FLA advirtió que le exigieron datos cobijados por reserva industrial, financiera y comercial.
Además, según el gerente Esteban Ramos Maya, también se pidieron soportes que la empresa asegura que no existen en su estructura administrativa, como tarjetas corporativas, gastos de representación o registros de caja menor. La licorera cuestionó que los cuestionarios se enfocaran en gobierno corporativo, contratación y finanzas.
En su planteamiento, esos asuntos no se relacionan de forma directa con el objetivo de la vigilancia, que —según la empresa— debe centrarse en supervisar los recursos del monopolio rentístico de licores destinados al sistema de salud.
Recusaciones, denuncias penales y auditorías paralelas en Antioquia
Antes de acudir a la tutela, la FLA presentó una recusación contra Daniel Quintero, director de la Supersalud, y contra Juan David Duque, superintendente delegado. La empresa alegó dudas sobre su imparcialidad y aludió a la confrontación política entre Quintero y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
La tensión subió cuando la Superintendencia anunció denuncias penales contra directivas de la licorera por presuntamente obstaculizar la auditoría iniciada el 26 de junio de 2026. Quintero afirmó que el equipo auditor no recibió documentación y anunció actuaciones ante Contraloría, Fiscalía y Procuraduría; la FLA negó haber impedido el ingreso o la revisión y dijo que detuvo temporalmente la entrega de información mientras se resolvían recursos sobre los funcionarios.
La Supersalud sostuvo que atender los requerimientos es obligatorio para los vigilados y señaló que la conducta podría configurar obstrucción a la función pública, con base en el artículo 429D del Código Penal. También aseguró que la recusación mantuvo suspendida la diligencia hasta que el Ministerio de Salud y Protección Social la declaró no probada, lo que permitió retomar la auditoría antes de la suspensión judicial.
En el mismo frente regional, la entidad informó otra denuncia penal por presunta obstrucción en una auditoría a la Alcaldía de Medellín. Afirmó que un equipo de 13 auditores realiza inspecciones en la secretaría de Salud de la Gobernación y en la Alcaldía, y que reportó maltrato durante las actuaciones. Ramos, por su parte, defendió la recusación y señaló que en 2025 la FLA transfirió $1,4 billones por impuesto al consumo, estampillas y utilidad operacional.
