El ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció ante el Senado más requisas en las prisiones y controles sobre las líneas telefónicas usadas para extorsionar. También expuso los avances del buque-cárcel y las megacárceles, proyectos que siguen en etapa de planeación.
Controles contra la extorsión carcelaria
En su intervención del 17 de noviembre, Cancino explicó que la depuración de líneas reportadas por extorsión pasó de una frecuencia mensual a una quincenal. La meta del Ministerio de Justicia es hacerla cada ocho días. El ministro planteó que las tarjetas identificadas se den de baja tanto si tienen plan pospago como si no.
La revisión anterior tenía un alcance limitado: de cada 100 líneas reportadas, los operadores diagnosticaban los casos, pero dejaban inactivas hasta el 30 %, relató Cancino. Añadió que algunas líneas señaladas correspondían a funcionarios del Inpec. Anunció multas para las empresas de telefonía celular que no colaboren con la iniciativa del Gobierno.
El ministro pidió además apoyo del sector bancario para impedir que las plataformas de transferencia de dinero se utilicen en pagos de extorsión. Sobre el ingreso de teléfonos y estupefacientes a las prisiones, anunció que las requisas serán más frecuentes que una vez al mes.
Cancino señaló que ya hubo reuniones con Meta y TikTok. Esas conversaciones, dijo, abarcan tanto la extorsión como el reclutamiento de menores de edad desde las cárceles. En el debate también informó de 235 sanciones a funcionarios del Inpec por asuntos relacionados con las denuncias tratadas ante el Senado.
El ministro cuestionó las cifras de reincidencia expuestas durante la sesión, en la que participó la congresista Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico. Afirmó que el dato del ministerio es 25,4 % de reincidencia, no del 70 % u 80 %, y reconoció que el porcentaje sigue siendo alto.
Buque-cárcel y nuevas prisiones
En cuanto a la infraestructura, Cancino dijo que, por orden del presidente Abelardo de la Espriella, las cárceles que se construyan estarán fuera del perímetro urbano. El ministro vinculó esa decisión con el funcionamiento de los inhibidores de señal, cuya aplicación considera problemática en establecimientos situados en centros urbanos.
También indicó que el Gobierno terminará proyectos carcelarios iniciados en administraciones anteriores. Aseguró que la cárcel de Riohacha se entregaría este año y que la de Sabanas de San Ángel estaría lista muy pronto. Se trata de plazos anunciados por el ministro, no de entregas ya realizadas.
Sobre el buque-cárcel, Cancino afirmó que el proyecto sigue adelante. Dijo que el Ministerio de Justicia trabaja en él con el Ministerio de Defensa y que ha mantenido dos conversaciones con la Defensoría del Pueblo. Frente a lo controvertido de la medida, sostuvo que su aplicación debe atender las garantías y los derechos humanos.
Las megacárceles prometidas en campaña tampoco tienen aún una ubicación anunciada. Cancino anticipó que el presidente presentará próximamente la estructuración del proyecto y el lugar de las primeras prisiones con pabellones de máxima seguridad. Admitió que no hay recursos disponibles y mencionó, entre las alternativas de financiación, las asociaciones público-privadas y el derecho de superficie, ligado al inventario y avalúo de bienes ociosos de la Nación.

















