La tensión política y administrativa en Cali se traslada a los estrados judiciales. El abogado defensor de Roger Mina Carbonero anunció de manera oficial que interpondrá un paquete de acciones penales, civiles y constitucionales contra el concejal Roberto Ortiz, conocido popularmente como ‘El Chontico’. La medida responde a una serie de declaraciones del cabildante que, según la defensa, atentan gravemente contra la honra, el buen nombre y la seguridad de Mina y su familia.
El eje del conflicto gira en torno al debate del alumbrado público de Cali, un tema históricamente sensible para la capital del Valle del Cauca, y en el que el control político parece haber cruzado la línea de la legalidad, según los voceros del funcionario.
«No todo vale»: La defensa de Roger Mina fustiga el control político de Ortiz
A través de un fuerte pronunciamiento público, el apoderado judicial de Roger Mina enfatizó que la libertad de expresión y el control político no son patentes de corso para lanzar «condenas mediáticas» sin sustento real.
«El doctor Roberto Ortiz conoce perfectamente la historia del alumbrado público de la ciudad. Durante cerca de 25 años ese servicio permaneció bajo la operación del mismo particular sin avanzar al ritmo esperado y con cuestionamientos públicos. Resulta contradictorio que hoy pretenda desviar el debate mediante graves señalamientos sin aportar una sola prueba», reza el comunicado de la defensa.
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El abogado recordó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es clara: las denuncias sobre presuntos direccionamientos contractuales o delitos deben presentarse ante las autoridades competentes y no usarse como herramientas de desprestigio en redes sociales o debates políticos.
Delitos de injuria, calumnia y millonaria indemnización civil
La estrategia legal contra el concejal Roberto Ortiz se moverá en tres frentes simultáneos:
Denuncia Penal: Se invocarán los artículos 220 y 221 del Código Penal Colombiano, exigiendo que Ortiz responda por los presuntos delitos de injuria y calumnia, al haber imputado hechos deshonrosos y conductas punibles sin evidencias explícitas.
Acción de Responsabilidad Civil: Amparados en el artículo 2341 del Código Civil, buscarán una reparación integral y económica por los perjuicios extrapatrimoniales y los daños causados a la reputación de Mina.
Acciones Constitucionales: Se exigirá el amparo inmediato de los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia, protegidos por los artículos 15, 21 y 29 de la Constitución Política.
El fantasma del antiguo operador del alumbrado
El comunicado de la defensa no guardó sutilezas al recordar el pasado contractual de la ciudad. Señaló que el operador privado que manejó el alumbrado público de Cali por más de dos décadas estuvo rodeado de dudas e, incluso, «mencionado en procesos relacionados con grupos armados ilegales».
Con este argumento, el entorno de Roger Mina sugiere que los ataques actuales de Ortiz buscan desviar la atención de las reformas y la modernización que la actual administración busca implementar en el servicio energético y de iluminación de la ciudad.
El caso ahora quedará en manos de la Fiscalía y los jueces de la República, quienes determinarán si las declaraciones de Roberto Ortiz se mantuvieron dentro del marco del control político legítimo o si constituyeron una difamación ilegal que amerite sanción penal e indemnización millonaria.
Luis Gustavo Moreno Rivera Abogado Penalista y Apoderado judicial del doctor Roger Mina Carbonero.
