La extinción de dominio contra René Higuita dio un paso clave en Medellín: un juez ordenó transferir al Estado una casa en El Poblado dentro de un proceso patrimonial que, según la Fiscalía, se relaciona con dineros asociados al Cartel de Medellín. La defensa anunció que apelará.
La orden del juez en Medellín y el control estatal del inmueble
El fallo lo profirió el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, que respaldó una solicitud de la Fiscalía General de la Nación. La decisión ordena que el bien quede a nombre del Estado mientras continúa el trámite, centrado en el origen y la trazabilidad del predio.
Además, el despacho dispuso que la administración del inmueble quede en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad encargada de gestionar los bienes recuperados en este tipo de procesos. El caso avanza como una actuación patrimonial y no como una nueva condena penal contra el exarquero.
La Fiscalía expone una cadena de traspasos y un presunto ocultamiento de activos
En el expediente, la Fiscalía señaló que la propiedad habría sido adquirida inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, a quien ubicó como presunto testaferro de William Moncada y de Gerardo “Kiko” Moncada. Ambos aparecen mencionados en el proceso como integrantes del Cartel de Medellín.
Según esa hipótesis, después de la compra se habría dado una cadena de transferencias hasta que el inmueble terminó registrado a nombre de José René Higuita Zapata y un familiar. Para el ente acusador, esa secuencia habría buscado ocultar activos y su eventual origen ilícito.
Entre los elementos valorados figura un estudio grafológico que concluyó que una firma en una escritura pública era falsa. Con soportes documentales, testimoniales y periciales, el juzgado concluyó que el predio habría servido para lavar u ocultar bienes provenientes de actividades del narcotráfico.
La apelación de la defensa: compra de buena fe y negocio fechado en 1992
Tras la decisión, el abogado Luis Fernando Giraldo informó que interpondrá recurso de apelación para que una segunda instancia revise el fallo. Sostuvo que el debate, a su juicio, no debería enfocarse en la procedencia del dinero, sino en la diligencia aplicada para verificar antecedentes al momento de la negociación.
El defensor afirmó que la compraventa ocurrió en 1992 e incluyó la entrega de dos inmuebles: un apartamento en el sector del Velódromo, en Medellín, y otro en Cartagena. También estimó el valor del negocio en cerca de 60 millones de pesos y dijo que la transacción siguió los protocolos vigentes entonces. Agregó que con el tiempo se conocieron presuntas irregularidades, como la posibilidad de que Cuartas Rendón hubiera fallecido para la fecha de la compraventa, algo que —según su versión— Higuita desconocía.
