La transición de poder en Colombia entró en un escenario de máxima tensión institucional. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se adelantó a los planes de la Casa de Nariño y ordenó la suspensión inmediata de todas las mesas de empalme ministeriales y sectoriales con la administración saliente de Gustavo Petro.
La drástica determinación se tomó luego de que el equipo de la «Patria Milagro» recibiera información interna que advertía que el petrismo planeaba congelar el proceso. Ante esto, De la Espriella, en coordinación con su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, decidió dar el primer golpe político desde su despacho en Barranquilla, acusando directamente al mandatario saliente y al senador Iván Cepeda de fraguar un «golpe de Estado» al desconocer los resultados electorales del pasado 21 de junio.
«No podemos estar sentados en la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas», sentenció con dureza el mandatario electo.
El contraataque del Gobierno y el fantasma de los 12,7 millones de votos
La respuesta del Palacio de Nariño no se hizo esperar. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, actuando como coordinador general del empalme por parte del gobierno saliente, citó a una rueda de prensa de urgencia para oficializar la réplica del Ejecutivo. Ávila no solo respaldó el freno a las mesas de trabajo, sino que solicitó el acompañamiento inmediato de la Procuraduría General de la República para congelar las actas e información recopilada.
El ministro Ávila responsabilizó de la ruptura al polémico asesor Carlos Alonso Lucio pareja de la designada ministra de Educación, Viviane Morales debido a sus recientes declaraciones a la prensa donde sugirió juzgar e incluso extraditar a Gustavo Petro.
Por su parte, el presidente Petro usó sus redes sociales para asegurar que respetaba al «pueblo real» que votó por el abogado penalista, pero anunció que el próximo 20 de julio dará su último discurso oficial desde el sur occidente de Bogotá para despedirse de las Fuerzas Armadas, alejándose de los protocolos tradicionales del Congreso.
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¿Peligra la entrega de mando el 7 de agosto?
A pesar del ruido mediático y político, los expertos en derecho electoral y constitucional son enfáticos: la parálisis del empalme no altera en absoluto la legalidad del cambio de gobierno. El proceso de empalme es un protocolo administrativo deseable para garantizar una transición ordenada, pero no constituye un requisito legal para asumir las funciones presidenciales.
Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, desestimó las acusaciones de supuesto fraude promovidas por el Pacto Histórico y calificó las tensiones como un coletazo natural de la derrota:
«Los resultados están ahí, las elecciones fueron transparentes y avaladas por organizaciones internacionales. Una elección se gana hasta por un voto. Esto es rabia de haber perdido; el presidente electo jurídicamente se llama Abelardo de la Espriella».
El exregistrador también señaló que los cuatro argumentos del Pacto para tumbar la elección como la doble nacionalidad colombo-americana de De la Espriella o presuntas fallas en escrutinios del exterior carecen de sustento jurídico sustancial que pueda variar la diferencia de más de 250.000 votos en las urnas.
¿Una posesión presidencial inédita en un batallón militar?
Ante la declaratoria de «desobediencia civil pacífica» hecha por Iván Cepeda y la alta probabilidad de que la bancada del Pacto Histórico no asista a los actos protocolarios del 7 de agosto, el nuevo gobierno ya contempla planes alternativos que romperían con la tradición histórica del país.
De la Espriella evalúa seriamente cumplir su promesa de campaña de tomar juramento en una guarnición militar en lugar de la Plaza de Bolívar. Jurídicamente, el artículo 192 de la Carta Política exige que el presidente se posesione ante el Congreso en pleno, pero el artículo 140 faculta a las cámaras a trasladar su sede de sesión a cualquier punto del territorio nacional. Si las nuevas mesas directivas del Legislativo con Alfredo Deluque sonando fuertemente para la presidencia del Senado facilitan el traslado, Colombia podría vivir la primera posesión militar de su historia republicana moderna.
