La medida de aseguramiento de Papá Pitufo seguirá vigente. Un juez negó la solicitud de la defensa de Diego Marín Buitrago para dejar sin efecto la detención preventiva, una decisión que implica que, si es extraditado a Colombia, quedará privado de la libertad en una cárcel por su presunta relación con crímenes ligados al contrabando.
El juez rechazó los argumentos de la defensa
En audiencia, el despacho concluyó que los argumentos planteados por la defensa no alcanzaban para modificar lo ya resuelto dentro del proceso contra Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo y señalado como “el zar del contrabando”.
Al sustentar su determinación, el juez citó el marco normativo invocado en la diligencia y sostuvo que su decisión se apoyó en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. “Por el artículo 307, literal B, numerales cuatro y siete del Código de Procedimiento Penal”, dijo durante su intervención.
El funcionario judicial también se refirió al planteamiento sobre la supuesta falta de una prórroga solicitada por la Fiscalía dentro del caso, y cuestionó el alcance de esa discusión frente a una medida que, según indicó, no se ha “surtido de manera personal e inequívoca” por parte del procesado.
En cuanto a la jurisprudencia citada por la defensa, el juez mencionó un expediente referido en la audiencia con fecha 18 de octubre de 2017 y ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar. Sin embargo, señaló que el argumento no tuvo un desarrollo suficiente para cambiar lo analizado, y recalcó: “Lo cierto es que no es solo insinuar, sino ahondar en su texto”.
Nuevas pruebas en el proceso contra cuatro policías por presuntos vínculos
La situación jurídica de Marín Buitrago se conoce mientras avanza, en paralelo, un proceso penal contra cuatro integrantes de la Policía Nacional señalados por presuntos vínculos con su red. El caso se tramita en Bolívar y, según la investigación, los uniformados habrían actuado como “socios” del señalado contrabandista.
El 27 de mayo de 2026, el Juzgado Quinto especializado respaldó la solicitud de la Fiscalía para admitir nuevas pruebas. Entre ellas, la declaración de un agente encubierto y evidencias digitales y documentales que permitirían revisar audios, videos y conversaciones que, según el ente acusador, exponen una presunta colaboración con la estructura criminal.
En ese proceso, los policías Alexander Galeano Ardila, Ricardo Orozco Baeza (El Bendecido), Mario Andrés Sarmiento Rojas y José Helí Álzate Moncayo enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. La acusación sostiene que habrían omitido funciones de control en uno de los principales puertos de Bolívar para facilitar el tránsito de cargamentos ilegales.
La Fiscalía detalló la incorporación de material entregado por el agente encubierto, incluidos DVDs con videos y audios de reuniones fechadas el 22 de febrero de 2024. Además, el proceso contempla documentos sobre procedimientos oficiales, como un acta de incautación de $300 millones, junto con soportes de cadena de custodia y registros de participación del agente encubierto.
En el expediente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fue reconocida como víctima directa, un punto que refuerza el interés público del caso por su relación con presuntas irregularidades que afectan el control aduanero.
Extradición desde Portugal y efectos de la decisión
El proceso también mantiene la atención sobre Marín Buitrago, quien fue liberado en Portugal mientras avanza el trámite de su posible extradición a Colombia. La decisión judicial sobre la medida de aseguramiento fija el escenario: si el traslado se concreta, la detención preventiva seguirá vigente en territorio colombiano.
