Un juez penal de Bogotá avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien aceptó responsabilidad por la expedición de diplomas falsos a nombre de Juliana Guerrero. La decisión contempla prisión e inhabilidad para ejercer funciones públicas.
La pena por los documentos
El juez 46 Penal con Función de Conocimiento de Bogotá avaló el acuerdo que fija 36 meses de prisión para Gutiérrez Martínez y 44 meses de inhabilidad para ejercer funciones públicas. El exdirectivo fue acusado por el delito de falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía indicó que el entonces secretario general modificó las validaciones académicas de una estudiante cuya solicitud de grado había sido rechazada por no cumplir los requisitos exigidos. También sostuvo que aprovechó las funciones de su cargo para suscribir, autorizar y emitir documentos académicos.
Los diplomas fueron expedidos en julio de 2025 y certificaban que la estudiante había cumplido las condiciones para graduarse como profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria. La investigación estableció además que se consignó información falsa para acreditar la presentación de pruebas de Estado y otras exigencias legales.
Durante la diligencia, Gutiérrez reconoció los hechos, manifestó que comprendía el procedimiento y las consecuencias del preacuerdo, y ofreció disculpas a la comunidad académica de la Fundación Universitaria San José, a su familia y a los funcionarios.
Pedraza pide que Guerrero responda
Tras conocerse la decisión, la senadora Jennifer Pedraza afirmó en un video que el fallo se produjo después de labores de control político y recolección de pruebas realizadas desde el Congreso. La congresista señaló que la justicia halló responsable al exsecretario general en el caso de los títulos de Guerrero.
Pedraza sostuvo que Guerrero debe responder ante la justicia dentro de uno de los tres procesos penales que, afirmó, ha iniciado contra el clan Guerrero. También planteó que el mérito como principio constitucional debe ser respetado por los gobiernos actuales y futuros.
La congresista cuestionó que prácticas como la compra y venta de títulos afecten el acceso a trabajos dignos. Su pronunciamiento cerró con el anuncio de que continuará el proceso hasta que Juliana Guerrero rinda cuentas ante la justicia.
La audiencia de acusación de Guerrero prevista para el 20 de agosto fue aplazada luego de una solicitud presentada por su defensa ante el juzgado. Guerrero continúa vinculada al proceso penal y enfrenta acusaciones de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
