martes, julio 21, 2026
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Polémica en Cali: anuncian denuncia contra el concejal Roberto Ortiz por presuntas presiones a EMCALI

El abogado penalista Luis Gustavo Moreno Rivera, quien actúa como apoderado del gerente general de Empresas Municipales de Cali (EMCALI), Roger Mina Carbonero, anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen presuntas irregularidades relacionadas con un encuentro que, según la información conocida públicamente, habría ocurrido el pasado 7 de julio de 2026 en la ciudad de Cali.

De acuerdo con el pronunciamiento del jurista, la acción judicial busca que las autoridades determinen si durante una reunión, presuntamente realizada hacia las 6:00 de la tarde en una oficina del centro comercial Jardín Plaza, se configuraron conductas que podrían constituir delitos contra la administración pública y la administración de justicia.

Según explicó Moreno Rivera, la decisión de acudir a la Fiscalía surge tras conocer diversas publicaciones en redes sociales, señalamientos de dominio público y un correo electrónico anónimo que recibió en su despacho. En ese mensaje, aseguró, se entregaban detalles sobre una supuesta reunión entre el concejal de Cali, Roberto Ortiz, y Mauricio Tabares, en la que, presuntamente, se habría buscado influir en el proceso de contratación del sistema de alumbrado público de la capital del Valle del Cauca.

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El abogado sostiene que, de acuerdo con la información recibida, durante ese encuentro se habría ejercido presión sobre el gerente general de EMCALI con el propósito de favorecer decisiones relacionadas con dicho contrato, situación que, de comprobarse, representaría una injerencia indebida en la autonomía administrativa de la empresa de servicios públicos.

En el comunicado, la defensa de Roger Mina indicó que solicitará a la Fiscalía adelantar las investigaciones necesarias para establecer si existieron actuaciones que puedan constituir delitos contemplados en el Código Penal Colombiano.

Entre las conductas que pide investigar figura el constreñimiento ilegal, contemplado en el artículo 182 del Código Penal, por la presunta utilización de presiones o intimidaciones dirigidas a influir en la voluntad del gerente de EMCALI.

Asimismo, solicita verificar la posible configuración del delito de tráfico de influencias de servidor público, previsto en el artículo 411, en caso de que se confirme un eventual uso indebido de la investidura de concejal para intentar incidir en decisiones administrativas o contractuales.

La denuncia también plantea la necesidad de investigar un posible interés indebido en la celebración de contratos, tipificado en el artículo 409 del Código Penal, por una supuesta intención de direccionar o intervenir irregularmente en el proceso de contratación relacionado con el alumbrado público de Santiago de Cali.

Como parte de las diligencias investigativas, el abogado anunció que solicitará la práctica de diferentes pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Entre ellas figuran inspecciones judiciales, la obtención de los registros de ingreso y salida del centro comercial Jardín Plaza, la revisión de las cámaras de seguridad del lugar, la verificación de los esquemas de protección de las personas involucradas y el análisis de la trazabilidad de las comunicaciones que habrían sostenido los asistentes a la reunión.

Según el abogado, estas actuaciones permitirían establecer la materialidad de los hechos y determinar si existió la participación de otras personas interesadas en el proceso contractual.

Moreno Rivera también afirmó que será necesario esclarecer si las constantes críticas y cuestionamientos formulados desde el Concejo de Cali frente a la contratación pública corresponden al ejercicio legítimo del control político o si, por el contrario, obedecen a una estrategia destinada a ejercer presiones indebidas sobre la administración de EMCALI.

En su pronunciamiento, el jurista aseguró que la defensa de Roger Mina adelantará todas las actuaciones legales necesarias para proteger la honra de su representado, preservar la integridad institucional de la empresa y garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad y transparencia en la administración pública.

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