Antes de la primera vuelta presidencial de 2026, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) pidió a la Registraduría datos individuales del censo electoral. La Registraduría rechazó la solicitud y no entregó la información, que incluía la identificación y la ubicación electoral de los votantes.
La entidad examinó los argumentos legales presentados por la DNI antes de rechazar el requerimiento. Este había sido formulado cuando todavía no cerraba el censo definitivo para las elecciones presidenciales.
El exregistrador nacional Juan Carlos Galindo calificó la petición como inusual y advirtió sobre el riesgo de filtración de datos de identificación. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, señaló que entregar información detallada del censo a un tercero podría facilitar presiones sobre los votantes.
La petición consta en una carta del 9 de abril de 2026 firmada por René Guarín, entonces director encargado de la DNI. Bajo el asunto «Envío de información de contrainteligencia», solicitó el censo nacional vigente en un archivo plano para permitir, según el documento, su «interoperabilidad y procesamiento» en los sistemas de análisis de la entidad. La DNI invocó labores relacionadas con la seguridad nacional.
El requerimiento abarcaba seis categorías de información: número de cédula, género, edad, grupo poblacional, puesto de votación y confirmación de que cada persona estaba habilitada para votar. Del puesto se pedían nombre, dirección, municipio y departamento. La categoría de grupo poblacional incluía comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como al pueblo Rom.
La solicitud fue presentada antes del cierre del censo definitivo, fijado el 30 de abril de 2026. La Registraduría estableció después un total de 41.421.973 colombianos habilitados para votar. La primera vuelta presidencial estaba prevista para el 21 de junio de ese año.
















