El abogado Ricardo Andrés Ruge Cabrera denunció ante la Fiscalía a Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, y a directivos vinculados con DICITEC. Cuestiona la contratación directa entre ambas entidades y pide investigar negocios cuyo valor, según la denuncia, supera los $43.181 millones en seis contratos registrados en SECOP.
Contratos directos con DICITEC
La denuncia señala que la Federación celebró seis contratos registrados en SECOP por $43.181.325.412 con DICITEC entre 2017 y 2023. También incluye un contrato de 2022 consignado en los estados financieros de la sociedad y servicios de hosting certificados por la Federación. Al sumar esos dos conceptos, el escrito calcula un valor de $45.821.325.412.
Los negocios identificados abarcan servicios tecnológicos para la Federación y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). El de mayor valor es el contrato 78 de 2023, modificado a $25.290.624.096, para la continuidad de servicios tecnológicos durante el periodo 2023-2026. Las resoluciones que justificaron la contratación directa fueron suscritas por Toro Giraldo, de acuerdo con el escrito.
El denunciante sostiene que Toro Giraldo actuó en ambos lados de esa relación: como representante legal y ordenador del gasto de la Federación, y como representante de la entidad en la asamblea de accionistas de DICITEC. La Federación participó en la constitución de la sociedad en 2015 y figura con el 5 % de sus acciones en el certificado de composición accionaria del 1 de julio de 2026.
El escrito cuestiona además la condición de sociedad de economía mixta invocada para contratar directamente. La participación pública certificada de DICITEC corresponde al 50,1 % en cabeza de MASORA, una asociación de municipios. Ruge Cabrera alega que la suscripción y adquisición de esas acciones carecieron de las autorizaciones necesarias; esa conclusión jurídica forma parte de la denuncia, no de una decisión judicial sobre los contratos.
El origen de la participación pública
DICITEC nació en 2015 como una sociedad vinculada al tránsito de Zarzal, en el Valle del Cauca. Su constitución incluyó al municipio, MASORA y la Federación Colombiana de Municipios, entre otros accionistas. El municipio tenía inicialmente el 40 % de las acciones y MASORA, el 10,1 %. Para 2018, Zarzal ya no figuraba entre los socios y MASORA aparecía con 417.500.000 acciones, equivalentes al 50,1 %.
La denuncia también se dirige contra Fabio Antonio Ríos Urrea, director ejecutivo de MASORA, y Enrique Alfonso López Pinilla, representante legal de DICITEC. Solicita investigar presuntos delitos relacionados con contratación, inhabilidades y documentos financieros, entre otros. Las afirmaciones sobre responsabilidad penal y sobre la validez de la participación accionaria deberán ser evaluadas en la investigación.
Como antecedente distinto de los señalamientos penales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró el 4 de septiembre de 2026 que la Federación vulneró el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público al conservar excedentes operacionales y rendimientos del SIMIT. Ordenó una auditoría especial y la restitución a municipios y distritos sobre una base de $84.752.584.040. Esa sentencia se refiere a los recursos del sistema, pero no establece responsabilidad penal por los contratos con DICITEC.
