Jaime Andrés Uribe Tamayo renunció a la gerencia del Fondo Milagro, creado para liderar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que le pidió la dimisión y la aceptó en medio de los cuestionamientos por el costo de la nómina.
De la Espriella comunicó la aceptación de la renuncia en redes sociales. “Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité”, escribió. También afirmó que los funcionarios están en evaluación permanente y deben actuar de acuerdo con sus directrices.
La salida se produjo después de que distintos legisladores opositores, entre ellos Duvalier Sánchez y Jennifer Pedraza, pidieran la dimisión de Uribe. El gerente había faltado al menos dos veces a debates de control político a los que fue citado para rendir cuentas sobre la reconstrucción.
El Fondo Milagro opera como un patrimonio autónomo creado por el Ministerio de Hacienda y administrado por una fiduciaria. En una respuesta a congresistas de la Comisión Bicameral que sigue la reconstrucción, Uribe indicó que la entidad tenía $624.656 millones aprobados y había contratado por $7.740 millones.
De la Espriella anunció que designará al reemplazo de Uribe en la dirección del fondo y dijo que daría a conocer su nombre en las próximas horas.
La controversia comenzó con la denuncia de una senadora del Pacto Histórico sobre el costo mensual del personal, cifrado en alrededor de $765 millones al mes. Con corte al 9 de noviembre, el fondo tenía 27 personas vinculadas; de ellas, 20 recibían remuneraciones superiores a $30 millones mensuales. Para esa fecha, la entidad había suscrito dos contratos.
La remuneración de Uribe era de $39.441.454 mensuales, $8.671.208 más que los $30.770.246 fijados para un ministro por el decreto 0312 de 2026. El secretario privado y el director jurídico y de contratación recibían $36.000.000 cada uno, mientras que el coordinador de comunicaciones ganaba $33.000.000.
Por regirse por el derecho privado, la definición de los salarios correspondía al consejo directivo del fondo, un órgano situado por encima de la gerencia. Lo integran delegados de Hacienda y Planeación, otro funcionario del Gobierno y cinco representantes del presidente.
Antes de aceptar la renuncia, De la Espriella había ordenado revertir la escala salarial. El presidente sostuvo que esos pagos no se ajustaban a su directiva de austeridad y afirmó que los gastos de personal no contaban con su autorización. La orden sobre las remuneraciones y la aceptación de la dimisión fueron decisiones distintas.
