El gobierno de Abelardo de la Espriella prepara dos proyectos para el estatuto antiterrorista que presentará al Congreso en los próximos días. El Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara, estructuró la iniciativa, que propone crear listas de organizaciones terroristas y modificar las herramientas para actuar contra esos grupos.
Las listas del estatuto antiterrorista
La propuesta se dividirá en una ley estatutaria y una ley ordinaria. La primera recogerá las disposiciones que afectan directamente derechos y, por ello, requieren aprobación por mayoría absoluta en una sola legislatura y revisión automática de la Corte Constitucional. Los demás puntos seguirán el trámite ordinario.
El eje del articulado es un sistema de listas de organizaciones terroristas, inspirado en los que tienen Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, los grupos incluidos recibirían la clasificación de grupos armados organizados. El Gobierno plantea que esa clasificación permitiría aplicarles el Derecho Internacional Humanitario y habilitar bombardeos.
Para los cabecillas de los grupos incluidos en las listas se busca establecer un régimen penitenciario especial, al que se vinculan los proyectos de megacárceles y buques cárcel. El estatuto también contempla una vía de aprehensión de bienes distinta de las reglas actuales de extinción de dominio y agravantes para delitos relacionados con esos grupos.
Otra parte de la propuesta apunta a las fuentes de financiación: plantea mayor seguimiento a la compraventa de oro, a las licencias de las casas de cambio y a su bancarización para combatir el lavado de activos. El articulado incluye además medidas contra las asonadas y nuevas formas de cooperación internacional frente al crimen organizado.
Recursos y trámite legislativo
El proyecto busca concentrar en el Consejo de Estado las tutelas relacionadas con los grupos que sean clasificados como terroristas. El Ejecutivo pretende así cambiar el curso de controversias en las que ha recibido decisiones adversas, entre ellas las vinculadas con la aspersión con glufosinato y los bombardeos en algunos departamentos.
La implementación de las medidas iría acompañada de recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, administrado por el Ministerio del Interior. Con ese dinero se proyecta adquirir cámaras y sistemas de control en municipios afectados por problemas de orden público. La propuesta contempla cruzar imágenes de alta definición con bases de datos para localizar y capturar a cabecillas.
El estatuto llegará al Congreso de forma paralela a la ley de sometimiento, a cargo del Ministerio de Justicia, encabezado por Iván Cancino. Ambas iniciativas forman parte de la agenda que el Gobierno prevé presentar en los próximos días, aunque tienen responsables y contenidos distintos.
Las dos propuestas ya habrían pasado por la revisión de la Oficina Jurídica de la Presidencia. Una vez radicadas, se espera que comiencen su trámite en las Comisiones Primeras del Congreso, competentes en asuntos de derechos fundamentales, justicia y reformas del orden constitucional.
