La imputación a José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, formalizó la investigación de la Fiscalía por su presunta participación en decisiones sobre el contrato de pasaportes. El ente acusador le atribuye prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público, y Salazar no aceptó cargos.
Qué investiga la Fiscalía en el caso de los pasaportes
La Fiscalía le comunicó a Salazar Ramírez el inicio de la investigación formal ante un juez de control de garantías en Bogotá. El proceso se enmarca en las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes, por un valor de $559.000 millones.
Según el ente acusador, los hechos están relacionados con el contrato de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026. En la audiencia de imputación, Salazar Ramírez no aceptó responsabilidad por los delitos formulados y, por esa razón, el caso seguirá su curso en la etapa judicial correspondiente.
La Fiscalía sostiene que el exfuncionario habría excedido las funciones propias de su cargo, que —según el ente investigador— eran de carácter administrativo y de coordinación institucional. En ese marco, le atribuye haber intervenido en decisiones para las cuales no tenía competencia dentro del proceso contractual.
Las resoluciones que revirtieron decisiones internas del proceso contractual
La investigación tiene como antecedente resoluciones emitidas por el entonces canciller Álvaro Leyva Durán entre el 13 y el 14 de septiembre de 2023. De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, en ese momento se declaró desierta la licitación y luego se acudió a la figura de urgencia manifiesta por 12 meses, con la que la Cancillería podía contratar de forma directa.
El foco de la imputación contra Salazar está en tres actos posteriores: las resoluciones 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024. Para la Fiscalía, con esos documentos revocó la declaratoria de licitación desierta, negó la reposición presentada por Thomas Greg and Sons y dio por terminada de manera anticipada la urgencia manifiesta.
Con esas actuaciones, según la Fiscalía, se restableció el proceso licitatorio y se abrió el camino para adjudicar el contrato al único proponente que permanecía en el trámite: Thomas Greg and Sons. En su argumentación, el ente acusador insiste en que esas decisiones no estaban dentro de la autonomía del cargo desempeñado por Salazar.
La línea de enriquecimiento ilícito: compra de predios por $950 millones
Además del frente contractual, la Fiscalía incluyó en la imputación un presunto incremento patrimonial injustificado. Según el ente acusador, durante el periodo en el que Salazar fue secretario general —entre el 18 de agosto de 2022 y el 26 de febrero de 2024— adquirió bienes inmuebles rurales en Puerto López (Meta).
La Fiscalía aseguró que el exfuncionario compró un predio rural en Puerto López (Meta) por $950 millones y que no halló soportes financieros que explicaran esa operación. En su exposición, el ente investigador afirmó que no se evidenciaron transferencias, créditos ni respaldos bancarios o patrimoniales que justificaran la compra.
Con la imputación ya formulada, el caso avanza con dos líneas principales: las decisiones administrativas relacionadas con el contrato de pasaportes y la investigación por el origen de los recursos vinculados a la adquisición de los predios en el Meta.
