El escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó un nuevo y definitivo capítulo en las últimas horas. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó formalmente a indagatoria a la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, para el próximo jueves 18 de junio, en el marco de la investigación formal que cursa en su contra por su presunta vinculación con el saqueo de los recursos de la entidad.
El alto tribunal busca determinar el nivel de responsabilidad de la congresista oficialista en las presuntas conductas de cohecho impropio y tráfico de influencias, en lo que se perfila como uno de los juicios políticos y judiciales más complejos para la bancada de gobierno.
La lupa sobre los contratos de maquinaria amarilla en La Guajira
La investigación, que es liderada por la magistrada Cristina Lombana, tiene un foco muy claro: el presunto direccionamiento de millonarios contratos de asistencia comunitaria en el norte del país. En específico, la Corte Suprema le sigue el rastro a una orden de proveeduría fechada el 25 de octubre de 2023 por un valor exacto de COP 2.170 millones.
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Dichos recursos públicos tenían como propósito la contratación de 7.500 horas de volquetas y maquinaria amarilla destinadas a supuestas obras de mitigación y recuperación en el municipio de Riohacha, La Guajira. Los investigadores buscan establecer si la senadora Peralta utilizó su posición de poder e influencia política para intervenir de manera irregular en la adjudicación de estos contratos a favor de terceros.
¿La «articuladora» de los votos del Gobierno en el Congreso?
Más allá de los contratos en la región Caribe, la indagación penal contra Peralta toca las fibras de la estrategia legislativa del Ejecutivo. Durante las recientes audiencias de imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la fiscal delegada María Cristina Patiño señaló directamente a la senadora del Pacto Histórico de actuar como una de las presuntas «articuladoras» de un entramado de compra de favores al interior del Capitolio Nacional.
De acuerdo con el expediente del caso, Peralta habría liderado una táctica para alinear y asegurar los votos de varios congresistas, especialmente dentro de la Comisión Séptima del Senado, de la cual formaba parte activa. El mecanismo de presión o intercambio consistía supuestamente en prometer y gestionar proyectos de infraestructura regional directamente desde la UNGRD.
Incluso, dentro de las pruebas que recopila el alto tribunal, se destaca una reunión en junio de 2023 donde el entonces director de la entidad, Olmedo López, habría pactado directamente con la parlamentaria el trámite ágil de estas iniciativas para complacer a los legisladores a cambio de su respaldo en las reformas del Gobierno. La cita del 18 de junio ante los magistrados será crucial para que la senadora ejerza su defensa ante estos graves señalamientos.
