El Tribunal Superior de Bogotá revocó la tutela que imponía condiciones adicionales a ciertas operaciones aéreas de las Fuerzas Militares ante la posible presencia de menores reclutados. Las exigencias quedaron sin efecto, pero siguen vigentes los deberes de protección de la población civil.
La Sala de Familia declaró improcedente la acción el 23 de octubre y revocó el fallo dictado por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá el 16 de septiembre. El Gobierno había impugnado esa decisión. La solicitud buscaba proteger a menores que podrían encontrarse en zonas de operaciones militares tras haber sido reclutados por grupos armados ilegales.
De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia, el tribunal consideró que la tutela no identificaba personas determinadas ni operaciones concretas para establecer una amenaza inminente. También sostuvo que las pretensiones colectivas y estructurales debían tramitarse mediante los mecanismos judiciales correspondientes.
Bombardeos militares tras la revocatoria
El fallo de primera instancia exigía medidas adicionales cuando existiera información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados en determinadas operaciones aéreas. Bajo ese supuesto, ordenaba reforzar la verificación de inteligencia, evaluar los riesgos para los menores y considerar alternativas menos lesivas para alcanzar los objetivos militares.
La revocatoria retiró esas condiciones específicas para planear y ejecutar las operaciones. No eliminó las obligaciones generales de las Fuerzas Militares: sus actuaciones continúan sujetas a la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. La decisión tampoco autoriza ataques indiscriminados en zonas donde pueda haber menores.
La decisión abordó además el Plan Nacional de Prevención del Reclutamiento de menores de edad. Según la información del Gobierno, la Ley 2590 de 2026 concede al Ejecutivo un año desde su expedición para implementarlo; el plazo señalado llega hasta julio de 2027.
