Las autoridades de protección infantil y judiciales de Colombia han dado un giro definitivo a la controversia que generó alarma en el barrio Chicó Navarra, al norte de Bogotá. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, confirmó que, tras las valoraciones médicas, psicológicas y forenses, se encuentra completamente descartada la existencia de violencia sexual física en el caso del estadounidense en Bogotá, quien había sido retenido preventivamente y ya fue dejado en libertad por un juez.
El malentendido que encendió el debate en las plataformas digitales ocurrió el pasado domingo, cuando vecinos del sector grabaron un video en el que se observaba al ciudadano extranjero con un menor en el balcón de un apartamento. Las imágenes desataron una rápida reacción de la Policía de Infancia y Adolescencia, activando de inmediato el protocolo de salud conocido como «código blanco».
Las pruebas forenses desmienten las hipótesis de las redes sociales
Frente a la ola de rumores y señalamientos mediáticos, la directora de la entidad fue enfática al señalar que los exámenes especializados arrojaron un parte de tranquilidad respecto a la integridad de los tres hermanos de 5, 7 y 15 años.
“Está totalmente descartada la violencia sexual con los niños y el escenario, el panorama que se pintó en redes y medios está en este momento descartado completamente. Ya hay examen forense de Medicina Legal (…) No hubo violencia sexual”, afirmó Cáceres en entrevista con Blu Radio.
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A esta postura se sumó el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X aclaró que las imágenes del balcón correspondían a una maniobra de auxilio del adulto hacia el niño: «Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida», detalló el mandatario, coincidiendo con la información recopilada por los investigadores.
¿Qué pasará con los menores y el trámite de adopción?
El incidente se registró en un momento crucial para el futuro de los tres hermanos. De acuerdo con el ICBF, los niños se encontraban cumpliendo los últimos siete días de la fase de integración, una etapa de convivencia obligatoria y monitoreada antes de la sentencia judicial definitiva de adopción. La pareja estadounidense llevaba cerca de tres años completando los exigentes filtros de idoneidad legal y psicosocial y ya había consolidado un fuerte vínculo afectivo con los menores.
A raíz del revuelo y para garantizar el restablecimiento pleno de sus derechos, la institución tomó decisiones drásticas:
Suspensión del trámite: El proceso de adopción internacional se encuentra congelado de forma preventiva hasta que se evalúe todo el entorno de lo ocurrido.
Protección institucional: Los tres hermanos fueron trasladados bajo la custodia directa del ICBF, donde reciben acompañamiento especializado.
Libertad del ciudadano: Un juez de la República ordenó la libertad del ciudadano norteamericano al no hallar méritos o pruebas de una conducta punible.
El ICBF insistió en que, aunque la vigilancia ciudadana es clave para activar las rutas de protección, es fundamental mantener la prudencia y el respeto por la reserva legal para no vulnerar la dignidad ni la intimidad de la infancia involucrada en procesos de adopción.
