La estabilidad institucional de Ecopetrol, la empresa pública más importante de Colombia, vuelve a estar bajo la lupa. La Veeduría por la Verdad y la Justicia ha solicitado formalmente al presidente encargado de la estatal petrolera, Juan Carlos Hurtado Parra, que separe de manera temporal de sus funciones al vicepresidente Felipe Trujillo López. La petición busca blindar la transparencia de la compañía mientras se investiga un paquete de graves señalamientos en su contra.
El detonante de esta solicitud radica en una serie de alertas internas que fueron encendidas por los propios trabajadores de la petrolera. Los empleados reportaron presuntas irregularidades relacionadas con un gigantesco proceso de contratación en Barrancabermeja, cuyo valor preliminar ronda los 2.000 millones de dólares, destinado originalmente al mantenimiento de plantas y al abastecimiento general.
Contratos exprés y la sombra de la UIAF
De acuerdo con los documentos presentados por la organización civil, el proceso de contratación se habría ejecutado de forma inusualmente apresurada. Pero los millonarios contratos en el Magdalena Medio no son el único foco de preocupación. La denuncia también apunta a supuestos vínculos indebidos entre la alta dirección y ciertos contratistas seleccionados, así como a movimientos financieros sospechosos que ya habrían generado reportes de operaciones inusuales ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
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«La separación temporal del cargo es una medida necesaria para garantizar que los entes de control recopilen las pruebas sin ningún tipo de interferencia, protegiendo así la confianza de los inversionistas y de todos los colombianos en su principal activo público», señalaron fuentes de la Veeduría.
El caso ya está en manos de los entes de control
La gravedad de las denuncias de corrupción en Ecopetrol ya obligó al traslado del expediente a los escenarios judiciales y disciplinarios. La documentación correspondiente no solo fue radicada a través de la Línea Ética de la propia empresa, sino que también fue puesta en conocimiento de las máximas autoridades del país:
La Fiscalía General de la Nación (para evaluar posibles delitos penales).
La Procuraduría General de la Nación (para investigar faltas disciplinarias).
La Contraloría General de la República (para fiscalizar el presunto detrimento patrimonial).
Hasta el momento, ni la presidencia encargada de Ecopetrol ni el vicepresidente Trujillo López se han pronunciado de manera oficial ante esta solicitud de suspensión provisional. Se espera que en las próximas horas la junta directiva o la oficina de comunicaciones emita una postura sobre el rumbo que tomarán estas investigaciones de alto impacto nacional.
