El norte de Colombia afronta una de las jornadas más complejas en materia de orden público en lo que va del año. Desde la madrugada del lunes 15 de junio, intensos combates entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada paz total (ACSN) en inmediaciones de la Troncal del Caribe han sembrado el temor en las poblaciones locales, provocando bloqueos viales intermitentes y resquebrajando la confianza de la mesa de conversaciones que este grupo sostiene con el Gobierno de Gustavo Petro.
La ofensiva militar, concentrada en zonas rurales como la vereda Quebrada del Sol, desató un duro cruce de mensajes. A través de un comunicado público, la cúpula de las ACSN —estructura heredera del paramilitarismo en la región— cuestionó la coherencia del Ejecutivo, señalando que hace apenas una semana el delegado oficial del Gobierno, Mauricio Silva, estuvo en la zona coordinando los acercamientos para el proceso de paz. «¿Esta es la paz que quieren? ¿Quién puede confiar en un gobierno así?», reclamó la organización armada, argumentando que el ataque se produjo «por la espalda» mientras ellos mantenían un supuesto compromiso de contención.
Amenazas, desmentidos y el factor de las redes sociales
La tensión se trasladó rápidamente al comercio formal y al sector turístico que conecta a Santa Marta con La Guajira. Durante las últimas horas circuló un panfleto que ordenaba un paro armado y el cierre total de negocios, presuntamente firmado por Naín Pérez, alias «Bendito Menor». Este comandante de 26 años se ha convertido en una figura sumamente polémica por exhibir armamento de alto calibre y lanzar desafíos abiertos al presidente Petro en plataformas digitales.
No obstante, las ACSN salieron a desmentir dicho documento, catalogándolo como falso y asegurando que los comerciantes pueden abrir sus locales con tranquilidad. Pese a este parte de calma del grupo ilegal, la realidad en las carreteras es diferente: las comunidades mantienen cierres en la Troncal del Caribe exigiendo la presencia de delegados de paz que solucionen la crisis.
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SOS humanitario de las comunidades indígenas y defensores de DD. HH.
El impacto sobre la población civil ha encendido las alarmas de diversos sectores de la sociedad civil. Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada (PDHAL), fue enfático en señalar el grave perjuicio que estas dinámicas le causan a la economía regional.
“Esto es inaceptable. Puedo entender las molestias de un frustrado proceso de paz, pero esta acción daña la economía turística y genera incertidumbre. El actor armado sigue cruzando una línea muy delgada entre el desafío y el terrorismos”, advirtió Dimas Vásquez.
Por su parte, el Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira denunció que los impactos de la guerra llegaron hasta el territorio ancestral de la comunidad de Kandumake, poniendo en riesgo la integridad física de niños de escuelas rurales, campesinos y mototaxistas.
El liderato indígena recordó que la Sierra Nevada de Santa Marta no es solo un corredor geográfico, sino un espacio sagrado que «sostiene el orden de la vida», por lo que exigieron tanto al Estado como a los actores ilegales un cese al fuego inmediato y el respeto estricto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en sus territorios.

