Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó al coronel del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho por presuntamente entregar información sobre operaciones militares al ELN y a estructuras de las disidencias de las Farc.
Pagos por información militar
La Fiscalía General de la Nación señaló que el oficial habría concertado acciones con esos grupos armados ilegales para proporcionarles información reservada. Los elementos materiales probatorios reseñados en la investigación apuntan a un primer pago de 15 millones de pesos en 2020 y a retribuciones posteriores ligadas a su presunto actuar.
Los hechos investigados comenzaron cuando Pérez Amorocho comandaba un batallón con jurisdicción en el corregimiento de Puerto Jordán, en Arauquita, Arauca. En ese cargo, habría recibido el dinero a cambio de reducir la ofensiva militar contra el Frente de Guerra Oriental del ELN.
En julio de 2025, el coronel asumió el mando de una unidad élite con presencia en Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y San Andrés de Tumaco, en Nariño, además de zonas de Cauca y Valle del Cauca. Entre enero y mayo del año en curso, al parecer, entabló vínculos con el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia.
Acusaciones por operaciones en Nariño
La evidencia recopilada indica que el uniformado habría acordado pagos de 30 millones de pesos semanales para alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Con esa información se habría facilitado el transporte de estupefacientes, armas, municiones y dinero.
También se le atribuye haber frenado el avance de tropas hacia un punto de intervención durante una ofensiva en Nariño, en abril de este año. La decisión habría dado tiempo a los cabecillas de una estructura armada para escapar en lanchas rápidas antes de ser capturados.
Cuando las unidades militares ingresaron al área, no encontraron las caletas de estupefacientes y armamento sobre las que tenían información, pues habrían sido retiradas por integrantes del grupo ilegal. Los narcóticos hallados fueron arrojados al río, presuntamente por orden del oficial, para que la organización pudiera recuperarlos después.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
