La indagación a la Comisión de Acusación abrió un nuevo frente disciplinario en el Congreso: la Procuraduría General de la Nación investiga si hubo presunta mora injustificada, falta de diligencia y posible prevaricato por omisión en el trámite de denuncias radicadas contra el presidente Gustavo Petro Urrego.
Qué ordenó la Procuraduría y desde cuándo
La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público ordenó abrir una indagación previa contra los representantes a la Cámara que integran la Comisión de Investigación y Acusación, a partir de dudas sobre el manejo y avance de expedientes relacionados con denuncias contra el jefe de Estado.
La decisión se formalizó en un auto del 2 de junio de 2026. De acuerdo con lo informado por la Procuraduría, el punto de partida fue la revisión de publicaciones periodísticas que advertían un aparente congelamiento de esos procesos.
La inspección en la secretaría y el problema de trazabilidad
Como parte de la actuación, un equipo de la Procuraduría realizó una inspección del 3 de junio de 2026 en la secretaría de la Comisión. Allí buscó reconstruir la trazabilidad de cada denuncia radicada contra el presidente desde el 7 de agosto de 2022.
Entre otros datos, los funcionarios pidieron fechas de recepción, asignación de representantes investigadores, autos de apertura, etapa procesal y registro de las últimas actuaciones. Sin embargo, según el informe citado por el Ministerio Público, la secretaría indicó que no cuenta con un aplicativo, base de datos u otra herramienta tecnológica que permita reflejar esa trazabilidad de manera verificable.
La Comisión entregó un “documento de trabajo personal”, pero, siempre según el reporte de la Sala, no tenía los soportes necesarios para establecer con claridad si existió o no negligencia u omisión en el cumplimiento de las funciones.
Cerca de 3.000 actuaciones y 290 procesos contra Gustavo Petro, bajo revisión
En la diligencia, el secretario del organismo legislativo reportó que cursan alrededor de 3.000 actuaciones en total. De ese universo, dijo, 290 procesos contra Gustavo Petro corresponden a denuncias por diversas causas; además, alrededor de 15 expedientes se relacionan con presunta participación en política.
Para la Procuraduría, la imposibilidad de certificar rápidamente hitos básicos como la fecha de un auto de apertura o la última actuación vuelve más compleja la verificación disciplinaria, porque esos datos son centrales para evaluar si hubo gestión o inactividad.
Por ahora, la Sala advirtió que reforzará la recolección de información y contempla revisar, uno a uno, los 290 expedientes para medir el avance real asignado a cada representante investigador.
Comunicado oficial
Lupa a la Comisión de Acusación: Procuraduría indaga presunta mora e «ingobernabilidad de datos» en procesos contra Gustavo PetroLa Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación ha dado un paso determinante que sacude el panorama político y judicial del país. El Ministerio Público ordenó la apertura de una indagación previa contra los representantes a la Cámara que integran la Comisión de Investigación y Acusación, bajo la sospecha de una presunta mora injustificada, falta de diligencia, desorganización y posibles conductas de prevaricato por omisión en el trámite de los expedientes que se adelantan contra el presidente de la república, Gustavo Petro Urrego. La acción disciplinaria, que arrancó formalmente mediante un auto dictado el pasado 2 de junio de 2026, se originó tras el análisis de diversas publicaciones de medios de comunicación que alertaban sobre el aparente congelamiento de estos procesos de alta trascendencia nacional. Sorpresiva inspección y un hallazgo preocupante:
sin bases de datos para el rastreoEn el marco de esta investigación, un equipo de la Procuraduría ejecutó una inspección disciplinaria el 3 de junio de 2026 directamente en la secretaría de la Comisión de Acusación. El objetivo de los funcionarios era recolectar una radiografía exacta y detallada de la trazabilidad de cada denuncia radicada contra el jefe de Estado desde el inicio de su mandato, el 7 de agosto de 2022. Los investigadores ministeriales exigieron datos cruciales como las fechas de recepción, las identidades de los representantes investigadores asignados, los autos de apertura, el estado actual de las etapas procesales y los registros de las últimas actuaciones de cada expediente. Sin embargo, la diligencia se topó con una barrera técnico-administrativa inesperada. Según quedó consignado en el informe oficial de la Sala Disciplinaria, la secretaría de la Comisión admitió que no cuenta con un aplicativo, base de datos ni herramienta tecnológica que refleje la trazabilidad real de las actuaciones.
Aunque el secretario de la célula legislativa facilitó lo que describió como un «documento de trabajo personal», este carecía de los soportes indispensables requeridos para evaluar si existe o no negligencia u omisión en las funciones parlamentarias. El volumen de las denuncias bajo sospechaPese al desorden administrativo detectado, el secretario del organismo legislativo entregó una cifra que dimensiona el volumen de trabajo represado: actualmente cursan allí alrededor de 3.000 actuaciones en total, de las cuales 290 corresponden específicamente a procesos contra Gustavo Petro por diversas causas. Dentro de ese paquete, se detalló que aproximadamente 15 expedientes están relacionados con presunta participación en política. Para la Procuraduría, el hecho de que la Comisión no pueda certificar de forma inmediata la fecha de un auto de apertura, la última actuación practicada o la etapa actual de una denuncia reviste de una alta complejidad la investigación, pues son los insumos primarios para determinar si los congresistas encargados están haciendo o no su tarea legal. Próximo paso:
revisar los expedientes uno a unoLejos de detener el proceso por la falta de un sistema consolidado en el Congreso, la Sala Disciplinaria de Instrucción advirtió que endurecerá los mecanismos de recolección de información. Ante el vacío de datos sistematizados, el Ministerio Público anunció que evaluará las vías más expeditas para avanzar de fondo, contemplando seriamente la tarea de revisar, de manera individual, cada uno de los 290 expedientes contra el presidente. Esta minuciosa inspección hoja por hoja busca examinar, sin intermediarios, el nivel de gestión, avance o inactividad real de cada uno de los representantes investigadores asignados.
