A menos de una semana de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado, la tensión política y judicial alcanzó su punto máximo. El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, sacudió el tablero institucional al solicitar de manera formal y urgente a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes un reporte detallado sobre todas las quejas y denuncias radicadas contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.
A través de una carta con carácter perentorio, el jefe del Ministerio Público otorgó un plazo improrrogable de tres días para que el órgano legislativo —único competente para investigar al primer mandatario— remita un inventario con los números de radicado, fechas de presentación y una síntesis clara de cada proceso en curso. Según el procurador, este requerimiento busca garantizar que la entidad pueda ejercer un seguimiento estricto y una vigilancia especial sobre el trámite de estas actuaciones.
El «efecto dominó» que salpica al gabinete
La ofensiva de la Procuraduría no es un hecho aislado. Se produce en un escenario de creciente controversia por el comportamiento de altos funcionarios del Gobierno que, presuntamente, han cruzado la línea roja de la neutralidad institucional en plena contienda electoral.
Uno de los focos de atención es la investigación disciplinaria abierta contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El origen de su caso se remonta a un evento oficial del ministerio, donde el funcionario afirmó que «hasta el perro y el gato tienen que salir a votar», mientras exhibía su cédula de ciudadanía y ligaba la continuidad de los programas bandera de salud al resultado de los comicios del próximo 31 de mayo.
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Frente a esto, el procurador Eljach se mostró cauteloso pero firme en cuanto a las garantías procesales:
“El propósito es averiguar su conducta. Todo es presunto hasta ahora; nadie lo ha vencido en juicio y hay que respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Cuando concluyamos la investigación, estableceremos la responsabilidad”, argumentó.
Embajadores suspendidos y el ojo sobre Iván Cepeda
Los movimientos disciplinarios ya han dejado bajas en el cuerpo diplomático. Cabe recordar que el pasado 14 de mayo, la Procuraduría suspendió provisionalmente de su cargo a Vilma Velásquez, embajadora de Colombia en Haití, tras calificar abiertamente en un medio internacional al candidato de la coalición oficialista, Iván Cepeda, como un «magnífico candidato».
Precisamente, el propio aspirante Iván Cepeda quedó en el ojo del huracán este lunes 25 de mayo. Sectores de la oposición denunciaron que el candidato participó en un multitudinario evento político público en Sincelejo, Sucre, pocas horas después de su cierre masivo en Barranquilla. La polémica radica en que, según las normas electorales vigentes en el país, desde el 25 de mayo y hasta el 1 de junio los actos políticos públicos quedan estrictamente prohibidos en calles o plazas, estando autorizados únicamente dentro de recintos cerrados.
Con este requerimiento express a la Comisión de Acusaciones, la Procuraduría envía un mensaje contundente: el comportamiento del mandatario y de sus alfiles estará bajo la lupa judicial en la semana más crítica del año para la democracia colombiana.
