El Gobierno Nacional ha dado un paso estructural en su intención de reformar el mercado eléctrico del país. Con la entrada en vigencia de la Resolución 101 102 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se pone en marcha un nuevo esquema tarifario que busca corregir distorsiones históricas y, finalmente, aliviar el costo del servicio para millones de usuarios.
Esta iniciativa, liderada por el presidente Gustavo Petro, tiene como objetivo intervenir el sistema de raíz. Según el Ejecutivo, el modelo anterior, vigente desde julio de 1995, permitió durante tres décadas que factores ajenos a la generación real inflaran el precio del kilovatio en los hogares colombianos.
¿En qué consiste el cambio técnico?
La gran novedad radica en la desvinculación de los precios. Tradicionalmente, la energía hidráulica —la principal fuente del país— estaba indexada a los costos del gas importado y los combustibles líquidos. Esto causaba que, en tiempos de sequía, el recibo subiera de forma desproporcionada.
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El Ministerio de Minas y Energía confirmó que cerca del 25 % de las plantas generadoras ya se acogieron a este nuevo modelo. Entre las empresas que lideran el cambio se encuentran las públicas EPM, Gensa, Urrá y Gecelca, además de varios proyectos de energías renovables.
Impacto en el hogar y soberanía energética
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la medida asegurando que los precios deben reflejar las condiciones reales de generación del país. Palma incluso lanzó una crítica a la pasada privatización de Isagen, señalando que, de haber permanecido en manos del Estado, el alcance de estos beneficios sería hoy mucho mayor para la población.
Con esta reforma, el Gobierno no solo busca una disminución inmediata en el gasto de los hogares, sino también fortalecer la soberanía energética y acelerar la transición hacia fuentes más limpias, garantizando lo que han denominado como «tarifas justas».
