La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Miguel Andrés Quintero Calle por presuntas irregularidades en seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí. La audiencia para que los cuatro procesados definan si aceptan los cargos fue fijada para el 14 de septiembre de 2026.
Contratos bajo investigación
La imputación se realizó el 10 de septiembre de 2026 y también cobijó a Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del AMVA; Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad; y Sebastián Ortega Urán. La Fiscalía expuso su hipótesis sobre la participación de los investigados en la contratación.
El expediente se concentra en seis contratos celebrados durante 2020 y 2021. Los convenios estaban relacionados con gestión del riesgo, atención de emergencias, incendios, emergencias ambientales y el fortalecimiento de las capacidades de atención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que en junio de 2020 se habría acordado una cuota inicialmente planteada en 20 %, luego reducida al 15 % del valor de los contratos que serían adjudicados a los Bomberos de Itagüí.
Los seis contratos investigados representaron recursos por aproximadamente $17.656 millones, de acuerdo con la Fiscalía. El ente acusador sostuvo que el presunto esquema habría generado una apropiación cercana a $2.481 millones.
A Miguel Quintero se le atribuyó una participación aproximada de $1.654 millones en provecho propio y otros $827 millones en favor de terceros. Esos montos hacen parte de los señalamientos formulados en esta etapa del proceso.
Delitos y próximas audiencias
La Fiscalía imputó a Quintero, a título de dolo, interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de determinador, y peculado por apropiación agravado por razón de la cuantía, como interviniente. Los cargos contra los otros tres investigados responden a conductas y responsabilidades distintas.
La investigación se había iniciado antes de la imputación contra Quintero y se amplió con declaraciones y mecanismos de colaboración de otros vinculados. Entre ellos figura Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirectivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien inició un proceso de colaboración con la justicia.
Dentro del expediente ya se produjo una primera condena. Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero de los Bomberos de Itagüí, aceptó responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía por hechos relacionados con documentos utilizados en la ejecución contractual.
La Fiscalía había anunciado que solicitaría una medida de aseguramiento en centro carcelario para Miguel Quintero y Álvaro Villada. La determinación sobre una eventual privación de la libertad corresponde al juez competente.
En la próxima audiencia, los cuatro procesados deberán manifestar si aceptan o no los cargos. La imputación no equivale a una condena y la responsabilidad penal de Quintero y los demás investigados deberá ser definida por la justicia.
