Un juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo De la Espriella y al Departamento Administrativo de la Presidencia ocultar temporalmente publicaciones oficiales en Instagram que mostraban al mandatario junto a cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados. La medida busca proteger derechos fundamentales invocados en una tutela, especialmente los de menores de edad.
Una medida temporal en Instagram
El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá dictó la medida cautelar dentro de una acción de tutela presentada por el representante del Partido Verde Santiago Osorio. El recurso cuestionó la difusión de las imágenes por una posible vulneración de derechos fundamentales.
La orden cobija las publicaciones compartidas el 2 y el 4 de septiembre desde la cuenta oficial @infopresidencia. El despacho dispuso su ocultamiento mientras exista una decisión en firme, sin que la instrucción implique su eliminación definitiva.
El juez estudiará si el contenido puede ser considerado violento o explícito y si su divulgación vulneró derechos fundamentales. De la Espriella y la Presidencia tienen dos días para ejercer su derecho de defensa dentro del proceso.
Las operaciones incluidas en la tutela
Una de las publicaciones estaba relacionada con la Operación Azarías en Miraflores, Guaviare. En ella, el presidente aparecía caminando entre al menos 23 cuerpos de presuntos integrantes de disidencias de las FARC abatidos por las Fuerzas Militares.
La otra grabación fue difundida el 4 de septiembre, tras la Operación Centinela de la Patria en Riohacha. De la Espriella ofreció allí una rueda de prensa junto a cuatro cadáveres cubiertos con lonas blancas.
Entre los muertos mostrados en esa publicación estaba Naín Andrés Pérez Toncel, alias «Bendito Menor», señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Las imágenes generaron críticas de organizaciones y sectores políticos.
Antes de la decisión judicial, la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la exhibición pública de los cuerpos. «El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel», afirmó al referirse a la difusión de ese tipo de imágenes.
El juzgado también vinculó al trámite a Meta, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El proceso continuará mientras se resuelve de fondo la tutela.
