Desde el Concejo de Bogotá advierten sobre extralimitación de funciones en proyecto de seguridad en propiedad horizontal
Durante el segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 161 de 2025 realizado en el Cabildo Distrital, y relacionado con la seguridad en propiedad horizontal, la concejala Ana Teresa Bernal dio a conocer su voto negativo argumentando que esta iniciativa desconoce el marco legal vigente en materia de propiedad horizontal y seguridad ciudadana.
El proyecto, titulado “Por medio del cual se dictan lineamientos para promover estrategias de seguridad, convivencia, prevención y acceso a la justicia en las copropiedades de uso residencial sujetas al régimen de propiedad horizontal en el Distrito Capital”, el cual propone asignar nuevas funciones a las copropiedades en materia de seguridad.
Frente a este tema Bernal expresó: “Revisando este proyecto hemos encontrado lo siguiente: existe la Ley 675 de 2001 que regula el régimen de propiedad horizontal, y por lo tanto, este proyecto afecta directamente dicho régimen. Las medidas que propone implican funciones nuevas que se le asignarían a las copropiedades, pero en realidad los lineamientos en materia de seguridad deben estar enmarcados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
Bernal advirtió que imponer obligaciones de seguridad, propias de la Policía Nacional, a las copropiedades podría desbordar las competencias legales del Concejo de Bogotá, entrando en terreno de competencia exclusiva del Congreso de la República. “Se corre el riesgo de una posible extralimitación de funciones por parte del Concejo, ya que sería modificar de facto el régimen de propiedad horizontal sin el debido proceso legislativo a nivel nacional”, indicó.
En ese sentido, la concejala Ana Teresa Bernal anticipó su voto negativo y reafirmó la importancia de respetar los límites institucionales y constitucionales en la formulación de políticas públicas, especialmente aquellas que puedan impactar directamente a los hogares bogotanos. “Las decisiones en torno a la seguridad deben estar articuladas con el régimen legal vigente, sin trasladar responsabilidades estatales a los ciudadanos”, concluyó.
Por: Norberto Patarroyo L.
