En una acción conjunta sin precedentes en el marco del actual calendario electoral, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado del Derecho enviaron una extensa y detallada carta a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA). En la misiva, fechada el 3 de junio de 2026, las organizaciones denuncian la existencia de «serias preocupaciones» que ponen en riesgo la equidad, la neutralidad institucional y la confianza pública de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia de 2026.
El documento, firmado por Bruce Mac Master (presidente de la ANDI) y Luis Guillermo Vélez (presidente de la junta directiva de la Fundación para el Estado del Derecho), señala un presunto patrón reiterado de intervención política por parte del presidente de la República, Gustavo Petro. De acuerdo con los firmantes, el mandatario ha incurrido en conductas que desafían el marco constitucional interno y los estándares interamericanos de la Carta Democrática.
Las claves de la denuncia: Uso de medios públicos y desacato judicial
La argumentación jurídica de los empresarios y la fundación recopila cronológicamente las actuaciones del jefe de Estado entre los años 2023 y 2026. La denuncia enfatiza que la presunta indebida participación en política no constituye una controversia aislada, sino un comportamiento sistemático que ya cuenta con expedientes en la Comisión de Investigación y Acusaciones, así como con medidas restrictivas del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Entre los puntos más críticos expuestos ante la OEA se encuentran:
Incumplimiento de órdenes judiciales: Se cuestiona que el mandatario no acató el auto de medidas cautelares del 10 de abril de 2026, el cual le ordenaba rectificar y abstenerse de emitir afirmaciones infundadas sobre supuestos fraudes electorales. Asimismo, señalan la violación a la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026, que le ordenó explícitamente no difundir propaganda electoral.
Uso del aparato estatal: Los gremios denuncian la utilización de plataformas institucionales, ministerios, cuentas oficiales de redes sociales (como @infopresidencia y @DapreCol) y del sistema de medios públicos RTVC (Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia) para amplificar narrativas de campaña, promover logros de gobierno en plenas elecciones y difundir desconfianza hacia el sistema de escrutinio.
Cuestionamientos al sistema electoral: La carta resalta los mensajes emitidos por el presidente los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2026, en los que desconoció los resultados del preconteo, arremetió contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el software de consolidación, y calificó políticamente al candidato presidencial de oposición, Abelardo de la Espriella, llamando a movilizar millones de votos en favor de su proyecto político.
«Mientras las misiones internacionales de la Unión Europea y el Centro Carter coincidieron en destacar la transparencia y confiabilidad técnica del proceso colombiano, las afirmaciones de fraude difundidas desde la más alta autoridad del Poder Ejecutivo socavan la confianza ciudadana», reza un apartado de la comunicación enviada al organismo continental.
Las solicitudes urgentes a la OEA antes del 21 de junio
Ante la proximidad de la jornada definitiva que definirá el próximo mandatario de los colombianos, la ANDI y la Fundación para el Estado del Derecho elevaron peticiones concretas para blindar el proceso democrático:
Pronunciamiento público urgente: Solicitar que la OEA emita una declaración específica y formal antes del 21 de junio de 2026 calificando el desacato a las órdenes judiciales como un factor de riesgo autónomo para los comicios.
Refuerzo de la observación internacional: Incrementar de forma activa el número de veedores internacionales durante las fases preelectoral, de escrutinio, impugnaciones y proclamación de resultados.
Seguimiento a los entes de control: Pedir informes detallados al Estado sobre las acciones de vigilancia que la Procuraduría General de la Nación debe adelantar para hacer cumplir los fallos judiciales de neutralidad.
Canal continuo de recepción: Disponer de un punto focal permanente dentro de la misión internacional para tramitar alertas de presiones institucionales o uso de recursos estatales durante las próximas semanas de campaña.
El debate sobre las garantías del sistema electoral colombiano entra así en su fase más compleja, bajo la lupa no solo de los entes de control locales sino de los principales organismos del hemisferio.
