Antes de jurar oficialmente como la nueva ministra de Educación de la administración de Abelardo de la Espriella, la abogada y exsenadora Viviane Morales ya tiene sobre su escritorio un complejo rompecabezas jurídico y político. La promesa de campaña del nuevo mandatario de «sacar la ideología de género de las aulas y permitir que Dios entre de nuevo» se ha estrellado de frente con un blindaje normativo de última hora diseñado por la administración saliente de Gustavo Petro.
A través de la firma de la Resolución 1350 de 2026, el saliente gobierno de izquierda dejó amarrada la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, un ambicioso marco educativo de obligatorio cumplimiento que extiende sus garras reguladoras hasta el año 2035 y que pone en una encrucijada directa las históricas posturas conservadoras de la nueva ministra.
El choque ideológico: De la trinchera del referendo a la ejecución obligatoria
A sus 62 años, Viviane Morales cuenta con una trayectoria política ampliamente respetada en los sectores de centroderecha y confesionales del país. Durante su paso por el Senado (2014-2018), lideró la bandera de un referendo constitucional que pretendía limitar la adopción a parejas heterosexuales y ha sido una de las voces críticas más elocuentes en contra de los enfoques de género en las escuelas, un concepto que define como una imposición ideológica.
Sin embargo, el destino político le ha preparado una paradoja: su primera gran misión de gobierno no será desmontar ese andamiaje de manera inmediata, sino asumir la coordinación de una política pública que exige explícitamente incorporar enfoques de género, diversidad, interseccionalidad y derechos reproductivos en todos los colegios del territorio nacional.
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La resolución no solo es directiva, sino que impone tiempos ajustados. El Ministerio de Educación tiene un plazo perentorio de seis meses a partir del inicio del nuevo gobierno para coordinar y expedir el plan de acción sectorial que defina la capacitación de los profesores colombianos bajo estos conceptos.
¿Qué margen de maniobra tiene la nueva Ministra?
La pregunta que se hacen analistas y sectores de la oposición es clara: ¿Puede la ministra Morales engavetar o derogar esta política de corte progresista?
Desde el punto de vista del derecho administrativo, la respuesta es compleja:
Fuerza de Ley: Mientras la Resolución 1350 de 2026 permanezca vigente y no sea tumbada por el Consejo de Estado o reformada por otro acto administrativo de igual rango, el Ministerio de Educación está obligado a cumplir sus metas institucionales.
El poder de la ejecución: Aunque Morales no puede desobedecer la norma de manera directa, como cabeza del Mineducación sí ostenta un margen de discrecionalidad técnica importante. Su despacho tendrá la facultad de definir las prioridades presupuestales, ralentizar o acelerar los ritmos de implantación territorial, supervisar el contenido exacto de las cartillas pedagógicas y dictar la metodología con la que se instruirá a las secretarías de educación regionales.
Una prueba de fuego para la tecnocracia de De la Espriella
Ante las dudas de las organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+, que ven con recelo su nombramiento, Morales ha reiterado que su impecable pasado como Fiscal General de la Nación es garantía de que sus convicciones religiosas o políticas jamás estarán por encima de la Constitución y la ley.
Aun así, la implementación de la Política de Sexualidad Integral heredada de la era Petro será el termómetro definitivo para medir cómo convivirá la agenda de restauración conservadora que abandera Abelardo de la Espriella con la inercia burocrática y los compromisos de Estado que ya han sido firmados.
