El multimillonario acuerdo de US$ 110.000 millones que pretende unificar a dos de las marcas más icónicas del entretenimiento mundial ha encallado en los tribunales. Una coalición de 12 estados de Estados Unidos, liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta, ha presentado una demanda de carácter antimonopolio para frenar la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.
El recurso judicial desafía directamente el visto bueno previo otorgado por el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ), desatando un duro choque de trenes político y económico entre los fiscales demócratas y las decisiones de la administración federal.
La rebelión de los fiscales generales contra el monopolio
La demanda, radicada formalmente ante el Tribunal del Distrito Norte de California, reúne a una sólida coalición de estados entre los que destacan California, Nueva York, Arizona, Massachusetts y Washington. De acuerdo con los demandantes, la fusión viola la histórica Ley Clayton de 1914, al representar un riesgo inminente de monopolio que afectará el bolsillo del consumidor final.
El fiscal general de California, Rob Bonta, argumentó que la consolidación de estos dos colosos no solo limitaría la oferta de entretenimiento, sino que además:
Aumentará los precios de los paquetes de televisión por cable y las entradas de cine.
Reducirá la producción anual de largometrajes y contenidos originales.
Afectará la libre competencia al fusionar marcas de noticias tan influyentes como CNN y CBS News.
«Con esta demanda, California y nuestros estados aliados defienden mercados libres y competitivos, no mercados manipulados. En este país, nadie está por encima de la ley», sentenció Bonta al defender la acción legal.
El fantasma del favoritismo político tras el aval del DOJ
El movimiento estatal llega en un momento de fuerte controversia política. Aunque el Departamento de Justicia de EE. UU. cerró la investigación dando luz verde al acuerdo de fusión, la decisión ha sido duramente cuestionada por figuras políticas como la senadora demócrata Elizabeth Warren.
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Críticos del sector señalan presuntas irregularidades en la aprobación exprés del pacto federal, insinuando que la cercana relación de la familia Ellison (propietarios de Paramount) con el presidente Donald Trump habría influido en el veredicto del organismo regulador. Frente a la aparente inacción de las agencias de competencia de Washington, los estados han optado por ejercer su propia soberanía judicial para forzar una orden de restricción temporal que impida materializar el negocio.
Cuentas millonarias y el temor del sector cinematográfico
La fusión liderada por David Ellison presidente ejecutivo de Paramount aspira a controlar cerca del 27% de la distribución cinematográfica en salas de cine y un tercio de la televisión por cable básica del país.
No obstante, esta masiva reestructuración mantiene en vilo al ecosistema artístico de Hollywood. Gremios de guionistas, actores y dueños de salas de cine temen que la «sinergia corporativa» se traduzca en despidos masivos, el cierre de salas independientes y un freno severo a la diversidad creativa en pantalla grande.
¿Qué responde Paramount?
La junta directiva de Paramount calificó la demanda estatal como «errónea tanto en los hechos como en la ley». Según sus voceros, la unión es indispensable para competir en igualdad de condiciones con gigantes tecnológicos de la talla de Netflix y Disney.
Como garantía frente a las presiones del sector, Ellison se ha comprometido a financiar y estrenar al menos 30 películas al año con distribución garantizada en salas de cine.
La batalla judicial añade un nuevo factor de riesgo financiero a contrarreloj: de no cerrarse la transacción antes de que finalice septiembre, Paramount deberá asumir un sobrecosto millonario de compensación (ticking fee) a los accionistas de Warner Bros. Discovery, una pesadilla de retrasos que podría costarle al grupo cientos de millones de dólares.
