El presidente Abelardo De la Espriella anunció un bombardeo contra el Frente 44 Antonio Ricaurte, de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, en zona rural de Mapiripán, Meta. La operación se realizó en la madrugada del 21 de noviembre de 2026 y dejó cinco muertos, de acuerdo con el balance preliminar divulgado por el mandatario.
Balance de la operación Ninfa
Las Fuerzas Militares ejecutaron la operación Ninfa en coordinación con la Policía Nacional. De la Espriella identificó como objetivo al Frente 44 Antonio Ricaurte, una estructura de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco.
En su balance, el presidente reportó la incautación de cuatro armas largas y dos armas cortas, además de 12 proveedores y munición de diferentes calibres. También enumeró dos chalecos multipropósito, un equipo de campaña, un teléfono satelital, dos celulares y dos embarcaciones.
De la Espriella presentó la acción como parte de la respuesta de su gobierno a los ataques contra integrantes de la fuerza pública y civiles. “Cada ataque de los narcoterroristas contra nuestra Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente”, afirmó en su publicación.
Bombardeos y decisiones judiciales
Con el ataque en Mapiripán, son 11 los bombardeos registrados durante el gobierno de De la Espriella. El presidente había anunciado el anterior el miércoles por la noche, en el Valle del Cauca, contra lo que llamó “un objetivo narcoterrorista”.
Las operaciones militares también han abierto un debate sobre la protección de menores reclutados por grupos armados. De acuerdo con Medicina Legal, al menos ocho menores de edad han muerto en operaciones militares desde que De la Espriella asumió la Presidencia. Entre los casos mencionados están tres menores en la operación Amón, dos en Azarías y una adolescente de 16 años en el Catatumbo.
El 3 de septiembre, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó provisionalmente al Gobierno abstenerse de bombardear objetivos cuando hubiera indicios razonablemente verificables de menores reclutados o utilizados por grupos armados. Dos días después, un juez del Guaviare ordenó suspender temporalmente las operaciones aéreas en ese departamento cuando existieran alertas o informes de inteligencia sobre menores.
El Juzgado 34 levantó su medida el 16 de septiembre y fijó un estándar reforzado de precaución para estas operaciones. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá revocó ese fallo el 23 de octubre porque consideró que la tutela no cumplía los requisitos de legitimación y subsidiariedad. La decisión no negó la gravedad del reclutamiento ni la necesidad de proteger a los menores.

















