El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó hasta octubre de 2027 la Misión de Verificación del acuerdo de paz en Colombia, pero retiró de su mandato el seguimiento a la reforma rural integral. La decisión, solicitada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, concentra la labor de la misión en la reincorporación y la seguridad de los firmantes del acuerdo.
El alcance de la misión de verificación
La Resolución 2833, elaborada por el Reino Unido, obtuvo 15 votos a favor. La reforma rural es uno de los componentes centrales del acuerdo de paz de 2016 y había sido incorporada explícitamente a las tareas de seguimiento de la misión en 2023, a petición del gobierno de Gustavo Petro.
Es el segundo año consecutivo en que se reducen las funciones de la misión. En 2025 dejaron de formar parte de su mandato la supervisión de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al capítulo étnico. Ese ajuste implicó la eliminación de cerca de 200 cargos y una reducción presupuestal del 17 %, equivalente a unos 15 millones de dólares.
El canciller Omar Bula había pedido ante el Consejo de Seguridad que la misión se enfocara en la reincorporación y las garantías de seguridad de los antiguos integrantes de las FARC. Para el Gobierno colombiano, la reforma rural es una política pública de largo plazo cuya implementación corresponde a las instituciones permanentes del Estado.
Tras la votación, la representante del Reino Unido señaló que el seguimiento a la reforma rural pasará a las instituciones nacionales. También advirtió que la violencia y los cambios en las dinámicas del conflicto siguen amenazando a las comunidades, pese a que más de 11.000 excombatientes permanecen desmovilizados y comprometidos con el acuerdo.
La reforma rural, fuera del mandato
Estados Unidos respaldó el ajuste. Su delegación afirmó que no habría apoyado la renovación del mandato en las condiciones de hace un año y valoró la petición de De la Espriella de limitarlo a las garantías de seguridad y la reintegración. El embajador colombiano Mauricio Gaona sostuvo, por su parte, que el cambio responde a la evolución del conflicto y «no va en contra de la paz».
La decisión llega mientras el Gobierno revisa los procesos de entrega, restitución y formalización de tierras. La ONU advirtió que las críticas oficiales a la gestión anterior han generado preocupación entre sectores campesinos y de la sociedad civil. También alertó sobre el anuncio del Ministerio de Agricultura de suspender por 90 días nuevas medidas mientras evalúa los procedimientos en curso.
El exnegociador de paz Humberto de la Calle cuestionó el argumento de que Colombia puede adelantar la reforma sin ese seguimiento internacional. Afirmó que durante décadas ha faltado voluntad política para llevarla a cabo y criticó la disposición del actual Gobierno a implementarla a fondo.
Hasta mediados de junio se habían entregado casi 370.000 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas; para 114.000 de ellas ya se habían expedido títulos definitivos. El objetivo de entrega fijado en el acuerdo es de 3 millones de hectáreas. La formalización alcanzó 4.091.252 hectáreas frente a una meta de 7 millones. Con la renovación aprobada, la misión continuará hasta octubre de 2027 centrada en la reincorporación y la seguridad de los firmantes.
